El Tribunal de Cuentas admite la demanda de Sociedad Civil Catalana contra los líderes del procés
El órgano fiscalizador da traslado de la misma a la Fiscalía, a la que le da veinte días para decidir si se adhiere o si formula demanda
Carles Puigdemont y Oriol Junqueras. Foto de Archivo. EFE/Quique García
El Tribunal de Cuentas ha resuelto admitir la demanda interpuesta por Sociedad Civil Catalana (SCC) hace justo un mes contra 11 ex-altos cargos de la Generalitat de Cataluña por su presunta implicación en los gastos indebidos relativos al referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 a la promoción del procés en el extranjero, entre los años 2011 y 2017.
Entre los líderes independistas a los que la SCC reclama que devuelvan los 5,3 millones de euros que estima que malversaron, se encuentra los expresidentes Carles Puigdemont y Artur Mas, y el exvicepresidente Oriol Junqueras, así como los exconsellers Raül Romeva, Dolors Bassa, Francesc Homs, Toni Comín, Clara Ponsatí, Jordi Turull, Neus Munté y Lluis Puig.
Asimismo, el órgano fiscalizador ha dado traslado de esta demanda al Ministerio Fiscal, al que le da un plazo máximo de 20 días para que manifieste si se adhiere a la misma, o, en su caso, formula demanda. También ha acordado dar traslado a los demandados, advirtiéndoles de que el emplazamiento para contestar se realizará una vez cumplimentado el trámite conferido al Ministerio Fiscal.
En concreto, en su demanda, la Sociedad Civil Catalana apelaba a la Fiscalía y a la Abogacía del Estado para que actuaran para recuperar las presuntas cantidades malversadas. La entidad atribuía a los demandados cantidades individuales por conceptos concretos que supuestamente aprobaron cuando estaban en sus respectivos puestos, aunque todos deberán responder de forma solidaria al total de 5.309.807 de euros. Atribuían gastos de 3,3 millones euros a Puigdemont; 2,5 millones a Junqueras, y 1,8 millones a Mas.
EL TC permite que la Generalitat avale a los líderes del procés
Cabe recordar que, el pasado 28 de febrero, el Tribunal de Cuentas aceptó que la Generalitat de Cataluña avalara con dinero público a más de 30 exaltos cargos para hacer frente a los gastos del procés. La Sección de Enjuiciamiento del órgano permitió las fianzas del Instituto Catalán de Finanzas (ICF) de 5,4 millones de euros del procés para su promoción exterior.
Esta decisión revocó a la que tomó inicialmente de la delegada instructora del caso, que los rechazó al considerar que la ley no permite dar cobertura pública al patrimonio privado de las personas al servicio de la Administración «que hubieran obrado con dolo, culpa o negligencia grave en la generación del daño, sea este ocasionado a aquella o a terceros».
