El teletrabajo costará a las empresas 790 millones al año
El Ministerio de Trabajo calcula que el coste que tendrán que afrontar las empresas en cargas administrativas por el teletrabajo ascenderá a 790 millones
El teletrabajo ha llegado para, a priori, quedarse, y el bolsillo de los empresarios lo notará. El Ministerio de Trabajo ha cifrado en más de 790 millones de euros al año el coste que tendrán que afrontar las compañías en cargas administrativas a partir de la nueva regulación del trabajo fuera de la oficina aprobada esta semana por el Gobierno.
Así lo confirma la memoria económica que acompaña al decreto ley aprobado este martes por el Consejo de Ministros, a la que ha tenido acceso Europa Press, a partir de una previsión que parte de la idea de que con carácter regular uno de cada cinco trabajadores en España trabajará a distancia.
El Ministerio que dirige Yolanda Díaz estima que, conforme a los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA), en 2019 un 8,3% de los trabajadores recurrió al teletrabajo, y según la encuesta de Eurofound, el porcentaje de los que empezaron a hacerlo con la pandemia alcanzó el 30%. Por su parte, las previsiones del Banco de España indican que siete de cada diez trabajadores optarán por no acudir a la oficina, al menos de forma ocasional.
Trabajo estima que un 20% de la población ocupada optará por el teletrabajo
Así, Trabajo estima, según los datos de la EPA del segundo trimestre del año, que 3,72 millones de trabajadores aceptarán los acuerdos del teletrabajo, un 20% de la población ocupada. Y de ahí calcula que serán 790 millones de euros de la suma del coste de los diferentes trámites.
El más caro de ellos será la obligación de la empresa de entregar a la representación legal de los trabajadores una copia de todos los acuerdos a distancia y de sus actualizaciones: 372 millones al año, a 100 euros por cada envío, y estimándose una frecuencia de una vez al año, ha informado el citado medio.
Es decir, más de 14,8 millones se gastarán en el envío de la copia de estos acuerdos y sus modificaciones a la oficina de empleo (con un coste unitario estimado menor, de 4 euros), y 186 millones la obligación de informar a los teletrabajadores y a la representación sindical de los puestos de trabajo vacantes de carácter presencial.