El TC investiga la reforma del Gobierno para limitar las funciones del CGPJ

Un nuevo varapalo judicial al Gobierno comienza a cocinarse en el seno del Tribunal Constitucional. Este órgano ha admitido a trámite los recursos del PP y de Vox contra le ley que impulsó el Ejecutivo de Pedro Sánchez el pasado mes de marzo para limitar las funciones de los jueces del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Ante la falta de acuerdo entre PSOE y PP para renovar este órgano, el Gobierno de coalición impulsó una norma por la que los magistrados no podían realizar nuevos nombramientos en la cúpula judicial cuando estuvieran en funciones. Se trataba de una iniciativa para forzar a los populares a la negociación, que lleva atascada casi tres años, pero no surtió efecto.

De hecho, esta decisión del alto tribunal llega en un momento en el que las posturas de socialistas y populares no podrían estar más alejadas. Los de Pablo Casado mantienen su línea roja de que el 50% de los miembros sea elegido por los propios jueces, la única forma por la que el PP se abriría a pactar, pero la petición que ha sido rechazada desde Moncloa en numerosas ocasiones.

En la apertura del año judicial el presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, sacó esta ley a relucir. «La urgencia de esta reforma y su propio contenido se han querido fundamentar en una pretendida pérdida de confianza parlamentaria de nuestra institución, ignorando que el Consejo goza, por voluntad constitucional, de plena autonomía respecto de los demás poderes públicos», denunció.

PP y Vox denuncian que la ley vulnera la independencia judicial

Los recurrentes han alegado que la norma impugnada podría contradecir diversos artículos de la Constitución (art. 9.3, 23, 122, 165, 167, 169, entre otros) por defectos formales en su tramitación parlamentaria así como por vulnerar el principio de independencia judicial o la reserva de Constitución para regular el CGPJ, según ha informado el Constitucional en un comunicado.

Para los populares, esta reforma modifica el régimen de competencia del CGPJ y, por lo tanto, afecta a la separación de poderes. Por su parte, el partido de Santiago Abascal también reprochó al Ejecutivo que su iniciativa esquivaba la exigencia del previo dictamen del CGPJ y le culpó de recurrir a un «medio fraudulento» para presentar la proposición no de ley.

“El mismo Poder Legislativo que a través de la nueva ley desfigura al CGPJ, es el único que tiene en su mano la completa renovación del Consejo y, por lo tanto, su mantenimiento o no en la posición debilitada de ‘en funciones’”, alegó Vox.

Eutanasia, ‘riders’, estado de alarma… los recursos pendientes contra el Gobierno

La falta habitual de consenso político traslada la batalla entre partidos a los tribunales. Este mismo viernes el pleno del Tribunal Constitucional también ha admitido a trámite el recurso del PP contra la Ley de la Eutanasia, que se suma al que ya presentó Vox. Sin embargo, el tribual rechazó el suspenso de la entrada en vigor de esta norma, que fue la solicitud de los de Abascal.

También el pleno ha admitido a tramite dos recursos, también de Vox y PP, contra el Decreto Ley de los riders, que establece la condición de asalariados para los repartidores de plataformas digitales, según ha informado Efe.

Por otro lado, después de que la justicia tumbara el primer estado de alarma y se prepare para hacer lo mismo con el segundo, el Tribunal Constitucional está preparando en una sentencia contra el Gobierno por el cierre del Congreso en marzo de 2020, según ha adelantado este viernes El País.

El parón parlamentario duró casi un mes, del 14 de marzo al 13 de abril, por la situación de emergencia, pero pudo vulnerar el derecho al control del Ejecutivo por parte del poder legislativo. Durante este tiempo, se suspendieron los plazos para las iniciativas parlamentarias en tramitación, por lo que Vox interpuso un recurso de amparo.

 Y al contrario que para la declaración de inconstitucional del primer estado de alarma, esta vez existe una mayoría en el tribunal para anular las resoluciones de la Mesa del Congreso que redujeron el control del parlamento.