El Supremo da luz verde a Pablo Llarena para inhabilitar a Carles Puidemont
El Tribunal Supremo confirma el procesamiento de Carles Puigdemont y otros 14 líderes del procés, con lo que quedarán inhabilitados para ejercer cargos públicos
La Sala de Apelación del Tribunal Supremo rechazó este miércoles los recursos de apelación presentados por el expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y otros 14 de los líderes del «procés».
El Alto Tribunal confirma así su procesamiento por los delitos de rebelión, malversación y desobediencia, dictado por el juez Pablo Llarena.
Esta decisión implicará la inhabilitación para ejercer cargos públicos y, por tanto, la pérdida de escaño de los siete procesados que son diputados: Puigdemont, Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Turull, Josep Rull, Toni Comín y Jordi Sànchez.
La ley de enjuiciamiento criminal impide ejercer cualquier «función o cargo público» a los procesados por el delito de rebelión, y ahora hará falta que el juez Llarena dicte un auto para que la medida se haga efectiva.
La Sala de Apelaciones del Alto Tribunal considera «suficientemente razonable» calificar los hechos como delito de rebelión porque existió «un alzamiento» con un uso «torticero» del poder para conseguir la independencia de Cataluña al margen de la ley.
El Supremo considera que hubo un alzamiento
El Supremo concluye que:
- «No es descabellado sostener en este momento procesal que existe un alzamiento cuando las autoridades legítimas de una comunidad autónoma, integrada como parte de España, deciden, desde el ejercicio del poder, derogar de hecho la Constitución, el Estatuto que garantiza y regula su amplísimo autogobierno, y el resto del ordenamiento jurídico que se oponga a sus designios»
- Que Puigdemont y el resto de investigados sustituyeron «todas esas normas por otras emanadas de sus propios órganos legislativos, negando con todo ello la autoridad del Estado y constituyéndose en un poder político absolutamente autónomo».
Además, sobre la malversación de fondos públicos, el Supremo sostiene que hubo «un sistema de engaño» que ocultaba el destino de las cantidades a otros fines relacionados con el referéndum ilegal del 1 de octubre.
