El Supremo exige a Batet que inhabilite al diputado de Podemos Alberto Rodríguez
Magistrados del Supremo se muestran indignados porque el Congreso "ha reinterpretado la sentencia" en lugar de trasladarla a la Junta Electoral Central (JEC)
El juez Manuel Marchena exige a Batet que le informe sobre la fecha en la que Rodríguez cumplirá su condena con su inhabilitación como diputado. Foto: ED
El juez Marchena pide por escrito a la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, que informe de la fecha de inicio de ejecución de su condena de inhabilitación después de que PSOE y Podemos votasen este martes en la Mesa del Congreso ‘salvar’ al diputado de Podemos, Alberto Rodríguez, condenado a multa y 45 días de inhabilitación por agredir a un policía en 2014.
PSOE y Unidas Podemos se amparan en un escrito de los letrados del Congreso que nadie sabe quién ha solicitado para que pudiera mantener su escaño. Pero el enfado en el alto tribunal es notable asegurando que la presidenta del Congreso «reinterpretó» la sentencia, algo «nunca visto» porque debe aplicar la sentencia y no reinterpretarla.
Economía Digital ha accedido en exclusiva al informe de los letrados del Congreso de los Diputados que avala el escaño al diputado de Unidas Podemos, Alberto Rodríguez.
PSOE y Podemos votaron este martes a favor de mantener el escaño al diputado de Podemos sin haber recibido formalmente el escrito del juez Manuel Marchena pidiendo al Congreso que aplique su sentencia. Este miércoles, la presidenta del Congreso recibió el escrito de Marchena para que cumpla la pena accesoria y retire el acta al diputado de Podemos.
El pasado 7 de octubre, el Tribunal Supremo condenó al diputado de Unidas Podemos, Alberto Rodríguez, por un delito de atentado contra agentes de la autoridad tras dar patadas a un policía. El magistrado Manuel Marchena sustituyó la pena de mes y medio de prisión por una multa de 540 euros.
El fallo de la sentencia también comprende la pena accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo y, en consecuencia, la pérdida del escaño por ilegibilidad sobrevenida.
Es decir, que al igual que sucedió con el diputado del PDeCAT, Francesc Homs, la Mesa del Congreso debía dirimir y votar este martes si inhabilitaba al diputado de Podemos y que éste perdiese su escaño en el Congreso a dos años vista de las elecciones y con los Presupuestos Generales del Estado (PGE) por aprobar.
En el fallo de la sentencia se acuerda, además, su notificación a la Junta Electoral Central «a los efectos oportunos». Pero PSOE y Unidas Podemos defendieron que la prisión que conlleva esa inhabilitación para seguir en el escaño había sido sustituida por una multa y pidieron al Supremo que rectificara mediante una aclaración de sentencia.
La Sala respondió a la defensa del diputado de Podemos que no cabía rectificación alguna pues el hecho de sustituir la pena de prisión por una multa no exime al condenado del cumplimiento de la pena accesoria. Y pese a esto, los socios de gobierno se aliaron este martes en la Mesa del Congreso para mantener el escaño de Rodríguez amparados por un informe elaborado por los letrados del Congreso.
El informe de los letrados
Los miembros de la Mesa del Congreso se encontraron este martes con un informe de los servicios jurídicos de la Cámara sosteniendo que «no cabe derivar consecuencia extra penal alguna que afecte a la condición de diputado del Sr. Rodríguez».
Fuentes parlamentarias explican a Economía Digital que «las notas/propuestas son las que se emiten de oficio sobre todos los asuntos que van a la Mesa. Pero, los informes no son lo mismo. Se piden y se emiten a petición de parte legitimada», señalan.
Con ello y según fuentes conocedoras, el vicepresidente cuarto del Congreso y diputado de Vox, Ignacio Gil Lázaro, preguntó por la autoría del informe sin obtener respuesta. «En el día de hoy además esta Mesa se encuentra con un informe de la Secretaria
General que no ha sido solicitado por acuerdo oficial de la propia Mesa y que por tanto solicito se tenga por no presentado», solicitó el diputado de Vox.
En Vox fueron previsores y un día antes presentaron a la Junta Electoral Central (JEC) que «declare la concurrencia de causa de inelegibilidad sobrevenida» de Rodríguez «y acuerde dejar sin efecto su credencial de diputado trasladando dicha resolución para su ejecución de forma urgente al Congreso de los Diputados».
«Solicito que en día de hoy esta Mesa no tomé decisión alguna respecto a la cuestión presente en tanto no se pronuncie expresamente la JEC en los términos requeridos o en los que esta considere pertinentes en Derecho», advirtió Lázaro en la reunión que los miembros de la Mesa mantuvieron este martes a puerta cerrada.
«De no estimarse esta solicitud que planteo formalmente no solo podría producirse un grave conflicto institucional sino además incurrir en causa de posible comisión de un ilícito penal en los términos que nuestra Legislación configura el correspondiente al de la prevaricación. Hecho este sobre el que hago advertencia expresa para que así conste en Acta», advirtió el diputado de Vox.
Finalmente, se produjo una votación, quedando 3 a 6. (Votos a favor de PSOE y Podemos y en contra los votos de PP y Vox). El voto del PSOE fue decisivo para salvar a Rodríguez de tener que entregar su acta frente a las quejas de PP, Cs y Vox.
Ya en la posterior Junta de Portavoces, los diputados Iván Espinosa de los Montero y Macarena Olona preguntaron quién había solicitado el informe de los letrados de la Cámara y, nuevamente, el partido de Santiago Abascal no obtuvo respuesta.
Tal y como acredita Economía Digital, la presidenta del Congreso ha recibido este miércoles el escrito del magistrado Marchena insistiendo en que cumpla con la sentencia «con la finalidad de llevar a efecto la práctica de la correspondiente liquidación de condena».
PP, Cs y Vox siguen reclamando ante la JEC y ante la Fiscalía del Supremo para que ponga orden, mientras desde las tres formaciones acusan a la presidenta del Congreso de «maniobrar» en favor de PSOE y Podemos para mantener a Rodríguez en su escaño.
