El sector cultural se enciende con la Ley de Propiedad Intelectual

El Partido Popular se ha quedado solo con la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual, también bautizada como Ley Lassalle. Es la única formación que ha votado a su favor, mientras cuenta con el rechazo no sólo del resto de partidos, sino también del sector cultural. Los artistas, editores, autores y productores echan chispas con la nueva normativa. Tal es la oposición que presenta el colectivo que no dudará en ir a los juzgados, si es necesario, para que se corrijan algunas medidas.

Uno de los temas más peliagudos es la compensación que reciben los autores por las copias privadas. El sector rechaza el nuevo sistema que ha elegido el Gobierno de los populares. “Con la ley del PP cada ciudadano paga de media siete céntimos en España por copia privada y lo pagamos todos porque se ha incluido en los presupuestos del Estado”, lamenta el portavoz de la Asociación para el Desarrollo de la Propiedad Intelectual (Adepi), Carlos Garriga.

La polémica está servida

Pero la organización todavía va un paso más allá. Confiesa que era mejor, incluso, –el tampoco exento de polémica– canon digital que fijó el anterior Ejecutivo. “Era un sistema menos malo. En Europa se paga un pequeño porcentaje por cada reproductor multimedia que se compra y en España se ha suprimido este sistema para añadir este coste en una nueva partida de los presupuestos, lo que ha reducido la cantidad recaudada de forma considerable y obliga a todos los españoles a pagar”, añade Garriga.

Sin embargo, el principal problema que se le puede presentar al Gobierno será otro. La nueva ley puede ser contraria a la normativa europea. El Supremo ha planteado esta cuestión al Tribunal de Justicia de la UE que, de momento, no se ha pronunciado al respecto, según apuntan fuentes judiciales.

Con el nuevo sistema, las entidades de gestión de derechos de autor cobran en función del daño estimado, es decir, en función de lo que han dejado de cobrar por las copias privadas. Con el anterior canon digital se cobraban más de 100 millones de euros, mientras que con el cambio que ha introducido el actual Gobierno sólo cinco. “Aunque en su última intervención el Partido Popular elevó la cantidad hasta los 20 millones de euros”, asegura la Adepi.

La piratería y otros casos como el de Megavideo

Aunque no todas las críticas que recibe la nueva ley son por las compensaciones por copias privadas. El sector cultural se queja de que no se cortan de raíz otras problemáticas. El colectivo asegura que sigue sin solucionarse la piratería en España, así como la identificación de los usuarios en internet y el bloqueo de las páginas web que comparten contenidos de forma ilícita. No obstante, con la reforma las multas máximas por piratería se han duplicado –tras pasar de 300.000 a 600.000 euros– y las mínimas de han quintuplicado –de 30.000 a 150.000 euros–.

“Sigue sin ser fácil saber quién vulnera los derechos con el intercambio de archivos sin autorización ni tampoco existe cierta agilidad en poner freno a los portales como Megavideo”, añade Garriga.

Pero esta reforma de la ley ya tiene fecha de caducidad antes de que pase por el último trámite. Todavía tiene que ser aprobada por el Congreso definitivamente. Sólo tendrá vigencia un año y, según ha confesado el propio Ministro de Cultura, José Ignacio Wert, pasado este tiempo, el Gobierno hará una reforma integral. Aunque, para entonces, tal vez el Ejecutivo esté en manos de otras formaciones y no de los populares.