El sector turístico abona el terreno para tumbar los planes de Colau
El sector turístico clama por una reforma del PEUAT que la oposición planea forzar los próximos meses
La segunda sesión de la comisión no permanente de seguimiento de la situación económica de Barcelona sirvió este jueves para preparar el terreno de la reforma del Plan Especial Urbanístico de Alojamientos Turísticos (PEUAT) que quiere forzar la oposición en el Ayuntamiento de Barcelona.
Si la primera sesión de la comisión, celebrada el viernes pasado, se convirtió en una sucesión de reproches a la alcaldesa Ada Colau y el gobierno municipal de Barcelona en Comú por parte del comercio y la restauración, la segunda se centró en el turismo y ha dejado claro que entre el sector, la demanda de flexibilizar el PEUAT, aprobado el año pasado, es un clamor.
Ducha escocesa
La comisión adoptó la forma de una ducha escocesa, fruto de la ecléctica selección de entidades que desfilaron ante los concejales. Representantes de hasta una docena de asociaciones expusieron su punto de vista sobre la situación actual del turismo y sobre las políticas que en los últimos tres años ha ido desplegando el gobierno de Colau.
El menú era tan variado que iba de la asociación de limpiadoras de hoteles Kellys Union Catalunya a Turismo de Barcelona, de la Asociación de Barrios por un Turismo Sostenible, afín a los planteamientos de BComú, al Gremio de Hoteles o la Asociación de Apartamentos Turísticos de Barcelona (Apartur). Y cada uno apeló al “qué hay de lo mío”, del mismo modo que hubo demandas referidas a normativas que no dependen del consistorio. Pero los reproches a la actitud del ejecutivo de Colau respecto de la actividad turística fueron mayoritarios.
El PEUAT, en el punto de mira
La tasa turística o las restricciones a los autocares propiciaron algunas de las quejas, pero fue el PEUAT, que a la práctica se traduce en la imposibilidad de ampliar el parque de pisos turísticos legales en el conjunto de la ciudad y que restringe la apertura de nuevos hoteles exclusivamente a los barrios más periféricos, fue el punching ball favorito de los comparecientes.
Enrique Alcántara, de Apartur, reclamó “rehacer el PEUAT para gestionar en lugar de prohibir”, y recordó que los pisos turísticos reportan en concepto de tasa turística 4,5 millones anuales para la ciudad e insistió en desmontar la tesis, difundida en algún momento por el ejecutivo municipal, de que la subida de los precios de los alquileres está vinculada a los pisos turísticos. “De 2011 a 2014, cuando se dieron más licencias, los alquileres no pararon de bajar. Y desde 2014, sin nuevas licencias y con la actividad ilegal reduciéndose por la mayor actividad inspectora, no paran de subir”, argumentó.
También Manel Casals, del Gremio de Hoteles, lamentó “el posicionamiento negativo continuado de la administración municipal respecto d la actividad turística”, y advirtió que el PEUAT “pone en riesgo el dinamismo y el crecimiento de la planta hotelera de la ciudad”.
Demandas de flexibilización
Marta Ventura, de la Asociación Catalana de Albergues Turísticos, admitió que el plan especial ha servido para “poner orden”, pero pidió que se flexibilice. “Si una pensión en un tercer piso en Ciutat Vella sigue sin poder trasladarse a una planta baja con mejores condiciones en la misma zona, no se mejorará la calidad” ni se beneficiará a nadie, argumentó.
También Catiana Tur, de la Asociación Corporativa de Agencias de Viajes Especializadas abogó por revisar el PEUAT “para hacer más competitivo el sector hotelero”. El presidente de la asociación empresarial Barcelona Global, Pep Guardans, dijo que su entidad no opina sobre el PEUAT, pero añadió que “prohibir las reformas de los hoteles”, como a la práctica hace la norma, “es poco eficiente, contraproducente y contradictorio”.
El PEUAT se aprobó a principios del año pasado con los votos del gobierno municipal, entonces integrado por BComú y el PSC, y ERC. Ahora, hasta los socialistas, ahora en la oposición, se plantean retocar la norma. La comisión de seguimiento económico, creada precisamente a instancias del PSC, abordará específicamente esta cuestión dentro de un mes, en una sesión programada el 10 de mayo.