El retraso de las elecciones que maneja el Govern será impugnado

La posibilidad de que el Govern retrase las elecciones del 14 de febrero continúa ganando enteros. Tantos como la posibilidad de que este aplazamiento acabe impugnado, sea ante la Junta Electoral Central, sea ante el Tribunal Constitucional (bastarían, por ejemplo, los 52 diputados de Vox en el Congreso para hacerlo). Lo dan por seguro diversas fuentes parlamentarias, que no se atreven, sin embargo, a ir más allá respecto a sus previsiones.

En todo caso, los socios del Govern ya se han encargado incluso de filtrar la posible nueva fecha de las elecciones: 16 de mayo.

Este nuevo calendario no guarda, en realidad, una relación directa respecto a la disminución de la pandemia de aquí a la primavera porque, si algo ha quedado claro después de 10 meses de lucha contra el coronavirus, es que no hay manera de realizar estimaciones sobre los contagios a más de cuatro semanas vista.

Sea como fuere, Junts per Catalunya y ERC continúan preparando el terreno para el retraso electoral. Y eso a pesar de que la decisión genera todo tipo de suspicacias: internas entre los socios independentistas (hay divisiones dentro de JxCat y dentro de ERC) y también externas.

Patronales y sindicatos, por ejemplo, están intensificando sus presiones para evitar el aplazamiento de las elecciones por lo mucho que hay en juego. Entre otras cosas, la recepción de los fondos europeos para la reconstrucción.

Pero los socios del Govern manejan estas presiones económicas sin perder ojo de sus cálculos políticos. ¿Conviene ir a unas elecciones con el sistema sanitario al límite de sus capacidades? ¿Qué castigo electoral les depara en un contexto de epidemia descontrolada? ¿Puede haber un boicot de los ciudadanos llamados a formar parte de las mesas electorales?

El Govern pide informes jurídicos

Estos interrogantes atormentan al Govern, incapaz de definirse en público con claridad respecto a sus intenciones, pero metido de lleno en culminar la patada hacia adelante..

Así que el Govern está haciendo acopio de informes jurídicos que justifiquen el aplazamiento y también está usando a los medios de comunicación públicos para filtrar sus planes respecto al 16 de mayo.

El problema —o, mejor dicho, uno de ellos— es que estos planes de retrasar el 14-F chocan con el tejido productivo. «Los empresarios, incluso los sindicatos, están apretando con cada vez más fuerza para que las elecciones no se aplacen. Quieren a la mayor brevedad un gobierno con capacidad para gobernar y no alargar más esta fase de interinidad», desvelan fuentes conocedoras de las presiones que envuelven a Junts per Catalunya y ERC.

Pero los socios son incapaces de acordar nada porque, en realidad, están preparando a la opinión pública para justificar la posposición del 14-F sin tan siquiera concretar los detalles. «Hablas con ellos y unos dicen mayo y otros dicen septiembre. No saben qué hacer y en estos casos es más fácil que tomen la decisión por ti», analiza un veterano del Parlament en las filas de la oposición.

El Govern querría, ahora sí, que hubiera unanimidad política respecto a qué hacer con las elecciones para distribuir responsabilidades.

Pero no la va a haber porque el PSC no ve motivos para desplazar la cita del 14-F cuando países como Portugal se preparan para celebrar elecciones presidenciales este 24 de enero (el mismo día en que están convocadas las elecciones a la presidencia del FC Barcelona) y cuando muchos otros han votado a nivel nacional durante el último año (Estados Unidos, India, Francia, Alemania, Egipto, Croacia e Italia)

El blindaje del decreto de convocatoria

Fuentes jurídicas del Govern aseguran que hay una sólida base legal para aplazar las elecciones porque el propio decreto de convocatoria preveía esta eventualidad y no fue impugnado.

Y así decía el decreto: «Si por razones derivadas de la protección del derecho a la salud frente a la situación de emergencia sanitaria, el desarrollo del proceso electoral no se pudiera llevar a cabo con las garantías de salud pública necesarias, se podrá dejar sin efectos esta convocatoria y posponer la votación para una fecha posterior que ofrezca dichas garantías».

Argumentan que este decreto no fue impugnado y que, por tanto, debe poder desconvocarse el 14-F. Pero los caminos para impugnar ante los tribunales son variados y ya hay abogados estudiando vías. Quién presentará recurso no se sabe, pero en el Parlament están seguros de que llegará, sea a través de un partido o de una entidad.