El rastreo de móviles tras el confinamiento abre dudas de todo tipo
El uso de la geolocalización o la tecnología bluetooth para controlar los movimientos de la población está lleno de incógnitas
Entre las muchas dudas que surgen en torno a cómo se podrá controlar la pandemia del coronavirus, las relacionadas con el uso de la tecnología acaparan gran parte del listado. España, al igual que el resto de países que se han enfrentado a la alerta sanitaria, está dando pasos para que los dispositivos móviles sean aliados en esta lucha. Pero el uso de los datos y su recopilación abren el debate sobre estas aplicaciones y la posibilidad de que colisionen con los derechos de privacidad y protección de datos.
Actualmente, en España existe una app oficial del coronavirus — está disponible en seis comunidades autónomas— y un chatbot a través de Whatsapp. Son las dos herramientas que se han desarrollado a nivel central desde la administración, pero podrían no ser las únicas y sus funciones podrían cambiar dependiendo de la evolución de la epidemia en el país.
Sobre la mesa está la opción de que el Gobierno controle los movimientos de los ciudadanos por la triangulación de la cobertura de los teléfonos móviles, la localización de su GPS e incluso por su bluetooth.
Esta última posibilidad, que ya se ha adoptado con aplicaciones móviles como la de Singapur, es la más sofisticada. Quedaría grabado en nuestro smartphone si hemos estado cerca (a menos de un metro) de una persona infectada. Esa información pasaría a estar en manos de Sanidad, que decidiría qué hacer.
Preguntado hace días sobre esta opción, el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, evitó mojarse: “Estudiarse, se está estudiando todo”. Campo puso énfasis en que “todo tiene que hacerse de acuerdo con el estado de derecho» y en que «no se están vulnerando derechos fundamentales”.
Lo cierto es que el uso de la tecnología bluetooth ni es exclusiva de países asiáticos, donde se combinan las apps de auto diagnóstico con la geolocalización, ni de los gobiernos. Las estadounidenses Apple y Google anunciaron ayer, viernes, un acuerdo por el cual iban a emplear este método para controlar la propagación del coronavirus.
En un comunicado explicaron que esta iniciativa sería voluntaria para sus usuarios y que se basaba en que éstos informaran si han entrado en contacto con alguien con coronavirus, sin tener que compartir información sobre su ubicación con las autoridades gubernamentales.
Contact tracing can help slow the spread of COVID-19 and can be done without compromising user privacy. We’re working with @sundarpichai & @Google to help health officials harness Bluetooth technology in a way that also respects transparency & consent. https://t.co/94XlbmaGZV
— Tim Cook (@tim_cook) April 10, 2020
Los gigantes tecnológicos solo han dado el primer paso. A mediados de mayo actualizarán sus sistemas operativos para permitir aplicaciones de seguimiento de contactos y más tarde, transcurridos unos meses, lanzarán otra actualización, que, en este caso, permitirá que todo funcione sin necesidad de tener descargada una aplicación específica.
Las dudas de los métodos de control
Los expertos consultados tampoco tienen claro cuánto recorrido tiene el Gobierno por delante ni si el modelo de otros países es exportable al nuestro. Para Sergio Carrasco, experto en tecnología y derecho, «no hay directrices claras y hay que ver cómo se tratan» los datos.
Considera que «no es lo mismo tratar datos anonimizados, como el estudio de movilidad que programó el INE«, que el nuevo planteamiento del Ejecutivo, donde, aunque se trabaje en local (sin estar conectado a un servidor de la red), «puede haber riesgos», añade.
Carrasco explica que en los últimos días han llegado directrices desde Europa para guiar a los Estados miembro y que sepan cómo actuar. En una carta de Wojciech Wiewiórowski, el Supervisor Europeo de Protección de Datos en la UE, se menciona el uso de temporal de identificadores de transmisión y de la tecnología bluetooth [lo puedes leer aquí] para el rastreo de contactos.
En la misma línea está el proyecto paneuropeo o PEPP-PT (Pan-European Privacy-Preserving Proximity Tracing). Se trata de un trabajo de 130 investigadores que está basado en el uso de bluetooth de baja energía (BLE), con un modelo fácil de implementar, escalable a nivel internacional, de uso gratuito y que, según afirman, garantiza la privacidad de quienes lo usen.
El Supervisor Europeo de Protección de Datos se mostró favorable al uso de la tecnología bluetooth para controlar la expansión del virus
Jorge Louzao, experto en ciberseguridad, se fija en el modelo de Singapur. «Es el de un identificador único de un usuario, pero sin nombre y apellidos. Ni siquiera les geolocaliza. Lo que hace es que tu movil informa al resto de móviles de los que está cerca si ha pasado la enfermedad o ha estado cerca de algún contagiado».
Todo eso, dice, «en la teoría». Pero «llevado a la práctica tienes que identificar a un paciente y el Ministerio de Sanidad tiene que descifrar esa información y, por tanto, acceder a la información personal».
Louzao cuenta que hay más modelos para controlar a la población. En Israel, país que ha recibido críticas por su deriva autoritaria en el control de la población, «envías tu localización y te informan de si estás en una zona de riesgo o no».
¿Qué sucederá en España? De momento, el Gobierno ha afirmado que, a través del sistema de geolocalización vía GPS del teléfono móvil y con permiso del usuario, se validará la comunidad autónoma en la que se encuentra.
Todos los datos que recabará la aplicación, en ningún caso, se utilizarán para realizar un control del cumplimiento de las medidas de contención. «Solo se permitirá el acceso a los datos a los profesionales sanitarios y a las autoridades competentes autorizadas», explicaron en un comunicado desde el Ejecutivo.