El PSOE reactiva la renovación del CGPJ con el PP tras la retirada de Iglesias
Tras las quejas de los jueces ante Bruselas, el PSOE habría ofrecido a los populares volver al Pacto de Estado por la Justicia de 2001 y reducir la influencia en la elección por las Cortes de los candidatos.
El Gobierno reactiva las negociaciones para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) con el Partido Popular tras el 4M y la salida del vicepresidente segundo, Pablo Iglesias. Los socialistas buscan volver a la mesa de negociación la semana que viene frente a un PP crecido tras gran triunfo de Isabel Díaz Ayuso en las elecciones a la Comunidad de Madrid.
Los socialistas piensan que ahora será más fácil llegar a un acuerdo «en los próximos días» porque no está la figura de Pablo Iglesias en el Gobierno. Mientras que los populares admiten a Economía Digital que siguen siendo conscientes de quiénes son los socios de gobierno de Pedro Sánchez y, añaden, que siguen con las mismas condiciones y suman una más: que sean los propios jueces los que elijan a los vocales del CGPJ.
La reforma que, según PP y PSOE, no daba tiempo de acometer en esta legislatura. Los de Pablo Casado se alinean ahora con las críticas que los magistrados han llevado a Bruselas.
El Ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, desveló este viernes, en una entrevista en RNE, que se puso en contacto con su homólogo en estas negociaciones, Enrique López, tras el 4M para desencallar el pacto cuanto antes. «Nos hemos emplazado a hablar de manera inmediata», señaló.
«Yo soy amigo de la discreción, pero claro que sí. Claro que vamos a hablar de manera inmediata», dijo el titular de Justicia que, con todo, agregó que «no se atrevería a decir» si este encuentro se producirá «la semana que viene o la siguiente». «Pero debe ser muy pronto, ya», continuó Campo.
El ministro, además, insistió en que el acuerdo «está hecho». «Espero que no se enfaden conmigo. Falta el momento de visibilizarlo y hacerlo público. Hemos tenido un tiempo y no vale como defensa, pero hemos tenido dos elecciones de ámbito nacional, de ámbito autonómico y ha pasado una pandemia brutal. Espero que encontremos ese mecanismo, ese preacuerdo o como queramos llamarlo», zanjó Campo.
Las negociaciones quedaron paralizadas el pasado marzo tras el «inmovilismo» del PSOE y de Podemos, según fuentes del PP, a no incluir al juez José Ricardo de Prada en la terna de candidatos. El magistrado que en 2018 redactó la sentencia del caso Gürtel, dando por probada la ‘Caja B’ del PP fue rechazado por los de Casado, que instaron por activa y por pasiva a colocar a otro candidato sin éxito.
El propio Enrique López confirmó este viernes la llamada de Campo. «Me preguntó por estos temas y le dije que el Partido Popular seguía con su voluntad de cumplir la Constitución y la ley y también con la condiciones que se impuso en su momento» en relación con la renovación pendiente, dijo.
En todo caso, el secretario de Justicia del PP puntualizó que la renovación de los vocales del órgano de gobierno de los jueces, en funciones desde diciembre de 2018, es algo que depende de las negociaciones que tiene que realizarse en el seno de los grupos parlamentarios.
«Me llamó para felicitarme por el resultado electoral y le recordé que teníamos que hablar mucho de los requerimientos de Europa respecto a este asunto«, zanjó López a los periodistas.
Las presiones de Bruselas hacen ceder al PSOE
Precisamente, las quejas de tres de las cuatro asociaciones de magistrados se hicieron eco en la Unión Europea. Más de 2.500 jueces criticaron la reforma sobre la Justicia aprobada por el Gobierno y éste se comprometió a desactivar la medida para modificar la mayoría necesaria para elegir a estos vocales en el Congreso.
Las presiones de Bruselas y el hecho de que la Comisión esté en estos momentos escuchando a los magistrados españoles para elaborar el tradicional informe sobre la democracia en los distintos países europeos, habrían hecho ceder a los socialistas con respecto a las peticiones de los jueces.
Así y según han desvelado fuentes de Justicia, el Ejecutivo habría ofrecido al PP volver al Pacto de Estado por la Justicia de 2001 y reducir la influencia en la elección por las Cortes de los candidatos seleccionados por los jueces para concurrir al Consejo General del Poder Judicial. Esa selección se hace ahora entre 51 candidatos y pasaría a ser de solo 36.
Y para impedir conformar una Justicia a la medida del Gobierno o de algún interesado, estos 36 candidatos se distribuirán en proporción al número de afiliados de cada asociación, que los promocionará según se establece en sus estatutos, y al número de no afiliados a asociación alguna, señalado en este caso mediante firmas de otros jueces y magistrados, según los datos registrados en el Poder Judicial y sin que se pueda avalar a más de uno. Pasarán ese filtro los que más avales recaben.
Fuentes del PP reconocen a ED que están «estudiando la idea». Fuentes conocedoras de las reuniones explican que Campo no iría tan «desencaminado» y ambas formaciones habrían ya cerrado a la mayoría de nombres, a excepción de los propuestos por Unidas Podemos (De Prada y la juez Victoria Rosell).
Las mismas fuentes apuntan que tras la salida de Pablo Iglesias del Gobierno, Unidas Podemos podría flexibilizar sus propuestas u, otra opción sería que el propio De Prada retirase él mismo su candidatura para evitar alargar estos dos años de inmovilismo por ambas partes y los órganos constitucionales sigan sin renovarse.
