El PSOE plantea retrasar la Ley de Vivienda a octubre

Nuevo desencuentro entre PSOE y Unidas Podemos por el anteproyecto definitivo de la Ley Estatal de Vivienda. Las negociaciones entre los dos partidos que conforman el Gobierno ya están ralentizadas por la campaña electoral y la celebración de las elecciones en la Comunidad de Madrid el próximo 4 de mayo.

Ninguno de los dos partidos contaban con aprobar la norma antes de esta fecha, pero un nuevo contratiempo se ha sumado a las negociaciones: el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Partido Popular sobre la ley catalana de vivienda podría retrasar aún más la aprobación de la Ley de Vivienda.

El reciente fallo del Tribunal Constitucional alemán sobre la limitación de los alquileres en Berlín puso sobre aviso a los socialistas y al ministro de Transportes, José Luis Ábalos, encargado de llevar por esta parte las negociaciones con Podemos.

El Alto Tribunal alemán declaró que Berlín no tiene autoridad para promulgar la ley, ya que el gobierno federal es el responsable de este tipo de decisiones. En paralelo a esta sentencia, el TC español ha admitido a trámite el recurso de inconstitucionalidad presentado por los populares contra la ley catalana del alquiler.

Recurso del PP admitido a trámite

Los de Pablo Casado señalan que la legislación vulnera la Constitución en sus artículos 9.3, 10.1, 25, 33 y 149.1 apartados 1, 6, 8 y 18, entre los que se recogen falta de competencia para regular el alquiler urbano y una vulneración del derecho a la propiedad privada al establecer límites en las rentas. La norma, por lo tanto, obliga a los propietarios a rebajar los precios que están por encima del índice y a congelar los que se sitúan por debajo.

El propio Gobierno se lo ha reconocido al principal partido de la oposición en una respuesta parlamentaria a la portavoz del PP, Cuca Gamarra. Así, el análisis jurídico encargado por el Gobierno sobre la ley catalana del alquiler aprecia «la existencia de fundamentos suficientes para el planteamiento del procedimiento» de inconstitucionalidad, según admite la secretaría de Estado de Relaciones con Las Cortes en su respuesta.

El Ejecutivo de Sánchez habría admitido que la norma catalana de vivienda incumple la legalidad vigente, pero no ha sido recurrida ante el TC, como sí han hecho los populares.

Esta nueva regulación también ha acaparado las críticas de numerosas organizaciones desde su aprobación, entre ellas, la patronal de la pequeña y mediana empresa de Cataluña (PIMEC), Fomento del Trabajo, el Consejo de Administradores de Fincas de Barcelona-Lleida, el Colegio Catalán de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria, la Asociación de Agentes Inmobiliarios de Cataluña y la Asociación de Promotores y Constructores de Edificios de Cataluña (APCE).

Todas ellas criticaron que no se ha frenado el precio del alquiler, teniendo en cuenta que Cataluña es la comunidad autónoma en la que más han subido las rentas entre enero y marzo, un 4,82%, según un informe de pisos.com. Las organizaciones critican que la norma ha conseguido desplomar la oferta de viviendas en alquiler en las localidades reguladas y aumentar la presión de la demanda.

El PSOE se mantendrá a la espera

Es por ello que desde el PSOE, antes de aprobar nada prefieren mantenerse a la espera de lo que dicte el Alto Tribunal. Una decisión que no cuenta con el apoyo de su socio de Gobierno, Unidas Podemos.

En concreto, la nueva ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, rechaza que los socialistas se vayan a echar atrás con todo lo avanzado que llevan el anteproyecto.

Desde Podemos dan por hecho que habrá acuerdo y recuerdan que el propio Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) ha prometido que el borrador definitivo estará antes del verano.

Fuentes de la formación morada explican que la intención de facultar a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos a limitar las rentas en las zonas tensionadas sigue adelante y presionan a los socialistas para que este apartado se apruebe lo antes posible. Esto serviría al Gobierno para ‘lavarse las manos’ en caso de que el TC fallase en contra de la regulación de precios del alquiler porque los morados se escudarían en la potestad que cada territorio tiene de regular o no las zonas tensionadas.

Un planteamiento que los socialistas rechazan y optan, en estos momentos, por la prudencia ante este apartado que podría ser tumbado por el TC como ha sucedido en Alemania.

De esta forma, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana tendría más tiempo para seguir perfilando el texto de la que será la primera Ley de Vivienda de carácter estatal de la historia, tras retrasarse respecto al calendario inicial que preveía finales del mes de enero para su aprobación y también respecto al mes de febrero que se barajó a posteriori.

El sector valora que la norma se apruebe en otoño

Los profesionales y agentes que operan en este sector valoran que en España puede pasar algo similar a lo ocurrido en Alemania porque aunque las comunidades autónomas tengan transferidas la competencia en materia de Vivienda, lo referido a los alquileres es competencia del Estado, con lo que es posible que el TC quite la razón a la Generalitat, señalan.

Grandes grupos que se encuentran en contacto con el Gobierno opinan que es mejor esperar a la sentencia del TC, «ya que podría cambiar toda la norma» y desvelan que «el Ejecutivo está siendo prudente» deslizando que la norma no podría ver la luz en el Congreso hasta el próximo otoño.

Es decir, este doble retraso de los socialistas, primero por las elecciones y después por la Justicia, podría traducirse en que la norma que a primeros de año negociaron Pablo Iglesias y José Luis Ábalos, no se aprobaría hasta septiembre u octubre, según confirman fuentes del sector en contacto con el Gobierno.

Ligeros avances pero aún lejos del acuerdo

Fuentes de la negociación señalan a Economía Digital que la próxima reunión se producirá este miércoles, tras el encuentro de la semana pasada en el que PSOE y Unidas Podemos acordaron para la nueva Ley de Vivienda fijar el recargo del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) como la fórmula que grave pisos vacíos, aunque aún hay acuerdo sobre la cuantía de dicho recargo.

A pesar del acercamiento de posturas en lo referido a los recargos del IBI a viviendas vacías y sobre los desahucios, no se habrían producido avances en algunos de los asuntos que más diferencias están provocando en la negociación de la nueva normativa sobre vivienda, como son los referidos a la regulación del alquiler y a la responsabilidad de los grandes propietarios.

En la cuestión de la regulación del alquiler, desde Unidas Podemos recuerdan que es un punto recogido en el acuerdo de Gobierno y explican que aún no se ha alcanzado ningún acuerdo y las posiciones se encuentran todavía “alejadas”, tras meses de desavenencias entre ambas formaciones.

Lo mismo sucede respecto a la responsabilidad de los grandes propietarios, ya que el PSOE continúa sin aceptar la propuesta de Unidas Podemos de que estos destinen al alquiler social el 30% de su parque.

El pasado miércoles el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció la prórroga de tres meses, hasta el próximo 9 de agosto, de todas las medidas sociales de prohibición de desahucios a personas vulnerables y la extensión de la moratoria de alquiler de la vivienda. Desde Unidas Podemos reclaman que este escudo social se extienda hasta el 31 de diciembre.