El PSC presiona a Sánchez para que el Gobierno persiga a Juan Carlos I

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se marchó de vacaciones el pasado martes preocupado por que pudieran producirse brotes antimonárquicos dentro de los socialistas, sobre todo después de haber cerrado un pacto secreto con Felipe VI consistente en que la Casa Real marcaría distancias con Juan Carlos I a cambio de un apoyo cerrado del Ejecutivo a la Corona. Temía Sánchez que alguien se moviera del guion e incluso dejó escrita una carta a su militancia para no titubear en defensa del pacto constitucional —monarquía parlamentaria incluida—. También aseguró, eso sí, que «todo responsable público debe rendir cuentas» y el el PSC se ha agarrado a ese punto para presionar al Gobierno y que cumpla con su palabra en este sentido.

Los socialistas catalanes formalizaron este viernes en el Parlament de Cataluña su exigencia al Gobierno. Quieren que Hacienda persiga «las supuestas irregularidades fiscales o delictivas del rey emérito Juan Carlos I» y emplazan también a la Fiscalía a «atribuir o sancionar las sanciones que correspondan llegado el caso». Una postura que va bastante más allá de la expresada hasta ahora por Sánchez, cuyos ministros —entiéndase los del PSOE— se han esforzado en alzar un dique en defensa de Juan Carlos I una vez abandonado el Palacio de la Zarzuela.

La postura de Sánchez y de sus ministros —los del PSOE— contrasta con la de los dirigentes del PSC, envueltos en una larga e incierta precampaña electoral en Cataluña que quieren afrontar con alguna munición antijuancarlista en la decidida batalla republicanista abierta por el frente independentista con toda potencia.

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Sabe el PSC que no hay terreno en el que competir con los independentistas, cuyo punto de partida y de llegada se basa en triturar la Constitución desde el primer al último artículo. Pero sí con Catalunya en Comú —la expresión de Podemos en la comunidad catalana—.

Los socialistas de Miquel Iceta no pueden seguir el ritmo republicanista de los comunes, que piden, entre otras cosas, despojar a Juan Carlos I de su condición de rey emérito, limitar la inviolabilidad del monarca y llevarlo ante las Cortes para su investigación. Pero tampoco quieren quedarse sin pólvora alguna contra el antiguo jefe de Estado. Así que piden al Gobierno que ponga en más aprietos al antiguo jefe de Estado.

«Cataluña no reconoce a ningún rey»

El independentismo ha hallado en el destierro de Juan Carlos I un campo de batalla en el que se sienten a sus anchas. Todo, o casi todo, vale contra la Monarquía para el bando independentista desde el famoso discurso de Felipe VI del 3 de octubre de 2017. Así que los soberanistas optaron, sin pestañear, por descomedirse en una resolución aprobada por el Parlament este viernes que, para comenzar, declara que «Cataluña es republicana y, por tanto, no reconoce ni quiere tener ningún rey».

El bloque independentista acabó provocando las advertencias de los letrados del Parlament porque los contenidos aprobados podrían desbordar lo reglamentario. No tanto porque definan a «la saga de los Borbones» como «una calamidad histórica», ni por sus relaciones con «el franquismo», ni porque desprecien «la continuidad de una Monarquía delincuente». Sino porque ratifican que «el único camino para superar este régimen monárquico es construir efectivamente la república catalana como un Estado de Derecho» en congruencia con «la voluntad expresada del pueblo de Cataluña los días 1,10 y 27 de octubre de 2017».

Apreciaron Ciudadanos y PP que enunciados de este estilo eran manifestamente inconstitucionales intentando la reconsideración, sin éxito, de la Mesa del Parlament y así resucitaron fatíditicos fantasmas de los plenos rupturistas del 6 y 7 de septiembre de 2017, cuando los letrados del Parlament se negaron a dar carta de naturaleza a la desconexión.

No hay elecciones autonómicas

Pero el rodillo independentista se impuso a la espera de noticias sobre ilegalidades cometidas. La agitación republicana está en marcha hasta tal punto que el soberanismo, siempre dispuesto a convertir las elecciones en un plebiscito, dice ahora, en boca del presidente de la Generalitat, Quim Torra, que lo que votarán los catalanes en las próximas autonómicas es «o república catalana o monarquía española».

Dicho de otra forma, la ilusoria votación sobre la independencia de Cataluña que promovió Artur Mas en las elecciones de 2015, seguidas de los comicios de 2017 que, según Carles Puigdemont, debían «ratificar el mandato del 1 de octubre» ahora se convierten, según Torra, en otro pseudoreferéndum sobre monarquía o república.

Todo el arco parlamentario en Cataluña comenzó a asumir este viernes que este es el nuevo marco en el que se encuadra la política catalana ahora. Y quedó, una vez más, demostrado que solo hay fabricantes de cuadros en un costado del Parlament.