El PP votará en contra del decreto de ahorro energético por ser una «imposición»
El vicesecretario de Economía del partido, Juan Bravo, cree que partidos como Bildu o ERC conseguirán prestaciones a cambio de su apoyo en el Congreso
El vicesecretario de Economía del Partido Popular, Juan Bravo, ha dicho este martes que su formación política no puede compartir las medidas del decreto energético planteado por el Gobierno por tratarse «de una imposición». Por ello, su partido votará en contra de la convalidación de la norma el próximo jueves en el Congreso de los Diputados.
Bravo ha precisado en el programa la Hora de la 1 de TVE que al PP «no se le han trasladado las medidas y ni siquiera se ha escuchado a las comunidades autónomas». «Sobre todo», ha añadido, «se imponen una serie de medidas al sector privado sin contraprestaciones ni ayudas». Además, ha reiterado que las medidas deberían ser “recomendaciones”, no imposiciones, y menos con “sanciones tan altas”.
En esta línea, Bravo ha vaticinado que partidos como «Bildu y Esquerra Republicana acabarán apoyando» la convalidación «a costa de conseguir otras cosas, a lo mejor».
El PP pide ahorro en la administración pública, entre otras medidas
El pasado lunes Elías Bendodo ya explicó que el Grupo Popular votaría «sí, siempre y cuando el Gobierno atienda lo que desde el Partido Popular o desde las comunidades del Partido Popular» plantean.
El no del PP, Vox y Ciudadanos aboca al Gobierno a tener que sacar el decreto adelante con ERC, EH Bildu y el PNV o formaciones minoritarias. Fuentes republicanas y del PNV no aclararon el viernes a Servimedia cuál será el sentido de su voto, mientras que las consultadas de la formación abertzale dejaron entrever un sí: “Compartimos la necesidad de reducir el consumo energético, no solo por la situación generada por la guerra de Ucrania, sino para poder enfrentar la emergencia climática a la que nos enfrentamos”.
En cuanto a lo que plantea su partido, Bravo ha enumerado las propuestas que sugiere el PP para modificar el decreto: un compromiso de ahorro de la administración pública en su conjunto; no cargar al sector privado “con mayores costes derivados del cumplimiento de estas medidas”; aprobarlo con consenso con las comunidades autónomas como ha hecho la UE con los países miembros; e imitar las medidas de otros estados para reducir la dependencia de Rusia, en probable alusión a prolongar la vida de las centrales nucleares.