El PP ve el impuesto a las fortunas una cesión de Sánchez a Podemos por el gasto en Defensa

Nada queda al azar en la batalla tributaria de los últimos días: primero fueron los anuncios de las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular sobre rebajas fiscales, seguida del anuncio por parte del Gobierno de un nuevo impuesto que gravará a las grandes fortunas. Lo primero fue una respuesta coordinada y con el visto bueno de la dirección nacional popular para marcar diferencias; lo segundo, y siempre según el razonamiento de los populares, se trata de «una concesión a Podemos».

El nuevo mecanismo fiscal anunciado por la ministra de Defensa, María Jesús Montero, en proceso actual de «estudio», aunque entrará en vigor a partir del 1 de enero de 2023, afectará a menos de un 1% de la población, lo pagarán «las personas millonarias» y seguirá «un esquema similar» al de los gravámenes que el PSOE ha impulsado para las empresas energéticas y los bancos.

Pero si algo caracteriza a septiembre, tributariamente hablando, es la puesta a punto del proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE), que ya ha alcanzado velocidad de crucero, y que tiene ahora que negociarse con los socios del Gobierno. Ahí, precisamente, es donde encuadran en Génova este nuevo tributo.

«Son miguitas en la negociación»

«Es una concesión a Podemos», explican voces de la dirección del grupo parlamentario del PP en conversación con Economía Digital. «Los Presupuestos van a ser duros con el tema de Defensa, con las concesiones territoriales, y hay que justificar cosas. Empiezan a soltar miguitas, y, además, es un tema político para contraponer. Matas dos pájaros de un tiro», consideran desde el principal partido de la oposición.

Es la explicación política que los populares le dan a un impuesto que «es más que ideológico». Más aún, señalan, que el gravamen a la banca, cuya eliminación vincularon a poder apoyar la tramitación del impuesto a las eléctricas, si se gesta como marca la Unión Europea. Sin embargo, la tasa a las fortunas no tienen por qué estar en el proyecto de PGE, por las particularidades de la ley.

El único modo de que esté incluido, señalan fuentes parlamentarias consultadas por este periódico, es que el impuesto a la riqueza se articule como una modificación formal de un tributo ya existente y que no esté en vigor. El motivo es que la ley de presupuestos generales no puede crear per se ningún impuesto.

Cambiar el foco y atraer atención

Así, las fuentes de la dirección popular consultadas apuestan por una tramitación a través de una proposición de ley conjunta del PSOE con Unidas Podemos, algo que «les da muchos titulares por el debate en el Pleno» y que, auguran, sucederá «antes o en paralelo a la ley de PGE».  La apuesta del PP es la primera opción, que fue la senda escogida en el impuesto a las eléctricas.

Sin embargo, su propia estrategia va por otros derroteros. Los populares afirman que los servicios públicos «están más que garantizados» y, así, la prioridad es aprobar medidas urgentes como la deflactación de la tarifa del IRPF para rentas inferiores a 40.000 euros, bajar el IVA de los productos básicos y prorrogar la bajada del IVA de la luz y del gas más allá del 31 de diciembre.

«Lo que si apoyaríamos son medidas que afecten a las familias que no llegan a fin de mes…el resto lo veremos sin problema, pero esto es lo urgente, y que no distraigan con nuevos impuestos», recalcó la portavoz popular en el Congreso y secretaria general del partido, Cuca Gamarra, en rueda de prensa, tras acusar al Ejecutivo de intentar «tapar» los «problemas internos» del Gobierno después de la propuesta de «recentralización de Escrivá».