El PP pone a prueba la mano dura de Sánchez con Torra

El endurecimiento del discurso del PSOE y el gobierno de Pedro Sánchez con el independentismo ha obligado a ensayar un giro argumentativo a un PP al que la mano dura esgrimida por el presidente del Gobierno ha pillado con el pie cambiado. Principalmente por un motivo: mientras la Moncloa insiste en que, si bien ahora no se dan las condiciones, si se dan no le temblará el pulso a la hora de una eventual reedición del artículo 155 en Cataluña, los populares no pueden ir más allá y seguir vendiendo una nueva intervención sí o sí y como primera medida si llegan a la Moncloa, como hicieron en la campaña de las elecciones generales del 28 de abril. ¿Por qué? Por las dos sentencias con las que el Constitucional subrayó el pasado mes de julio el carácter excepcional del 155 y las restricciones  a la hora de ponerlo en práctica.

De ahí que ahora, en plena precampaña del 10-N, a las puertas  de la sentencia del Supremo en la causa del procés y al calor de las revelaciones sobre los planes de los miembros de los CDR detenidos la semana pasada y la subida de temperatura que estas han comportado, Pablo Casado ya no abogue de entrada por un nuevo 155, sino por un combo de medidas para atar en corto al govern de Quim Torra.

Casado reclama así a Sánchez que aplique la ley de seguridad nacional, según dijo, para que los Mossos d’Esquadra “dejen de recibir órdenes ilegales”. Pero también que recurra a otras cuatro normas: la ley general penitenciaria, para evitar más homenajes a los presos independentistas frente a los cárceles en las que están encerrados; la ley de estabilidad financiera, para que la Generalitat no gaste dinero en medidas relacionadas con su agenda soberanista; la de educación, para, mediante inspecciones, evitar el supuesto “adoctrinamiento” en las escuelas catalanas, y la del audiovisual,  para que los medios públicos catalanes no destinen dinero a emitir programas propagandísticos.

Ley de seguridad nacional

Casado desgranó este lunes ese pack y ese argumentario en una entrevista matinal en Telecinco previa a su visita a Cataluña para asistir a una reunión de la dirección del partido celebrada en Barcelona. Ni la visita ni la fecha son gratuitas. La primera sirve para subrayar que, como ya pasó en abril, Cataluña estará en el eje de su estrategia electoral. Y la fecha, para evidenciar que, si no hay España Suma, esa lista conjunta de la derecha constitucionalista anhelada por los populares , la culpa es de Cs, que no ha querido saber nada del asunto, no del PP, que lo ha intentado por todos  los medios y que, precisamente por su afán de sumar, constituye el verdadero voto útil del constitucionalismo.

De ahí que, tras la reunión de la dirección, el número dos de Casado, Teodoro García Egea, y el presidente del PP en Cataluña, Alejandro Fernández, comparecieran ante los medios justo después de que acabara el plazo para presentar coaliciones a los comicios y, con él, el margen para un acuerdo con Cs que hiciera realidad esa España Suma que ya no podrá ser, al menos de cara a los comicios de noviembre.

Un par de detalles evidencian lo sobrevenido del nuevo planteamiento del PP. El primero es que Casado propuso la aplicación de la ley de seguridad para “tomar el control” de los Mossos, y fueron después García Egea y Fernández los que tuvieron que matizar que para lo que serviría la medida es para mejorar “la coordinación” entre los distintos cuerpos policiales. Que, de hecho, es lo que prevé la norma, aprobada en 2015 y que en ningún caso permite retirar ninguna competencia autonómica.

El segundo es otro desliz que dio la sensación de ser fruto de la improvisación, en este caso del propio García Egea: a la hora de argumentar la pertinencia de la medida, el secretario general del PP recurrió al incremento de la inseguridad detectado el último año en Barcelona, un fenómeno que, al menos directamente, no tiene que ver con las veleidades independentistas del govern Torra, y que se concreta en un aumento de los delitos, lo que en ningún caso podría justificar la aplicación de una norma que, como su nombre indica, está diseñada para casos en los que está en juego la seguridad nacional, no para combatir repuntes de los índices de criminalidad.

El coto del Constitucional al 155 

En abril, Casado, en plena competición con Cs por ver quien se mostraba más contundente contra el independentismo, prometió en campaña que si llegaba a la Moncloa activaría el 155 en su primer consejo de ministros. Ahora, y pese a la subida de tensión de la última semana, el PP ya no plantea ese escenario. A falta de Casado, que no compareció en rueda de prensa tras la reunión en Barcelona, García Egea eludió por dos veces responder a la pregunta de si la intervención volverá a incluirse en el programa electoral. Ahora, insistió, lo que importa no es lo que hará el PP cuando gobierne si es que llega a hacerlo, sino lo que hace ahora el actual gobierno de Pedro Sánchez.

Entre las dos campañas, el cortocircuito en el argumentario de los populares lo produjo el Constitucional, que a principios de julio avaló en dos sentencias la aplicación del 155 en Cataluña pero se encargó también de remarcar que se trata de “un remedio excepcional”, acotado temporalmente y solo aplicable como último  recurso “para hacer frente a situaciones ante las que no existan otras vías que permitan el cumplimiento de la Constitución y las leyes”.

El PP ha optado desde entonces por reformular el discurso: ahora, insiste en que, llegado el caso, llegado el caso, no le temblaría el pulso —que es lo que tmabién dice Sánchez— pero ya no da por hecho que sea de aplicación ahora, o en cualquier momento. No es el caso Cs, que sigue insistiendo en la necesidad de una nueva intervención de forma inmediata.

El partido naranja lo hizo, sin ir más lejos, el pasado jueves, cuando se produjo un episodio que revela los titubeos del PP en este punto. Cs presentó una propuesta de resolución en el Parlament que afirmaba que “se dan las circunstancias que obligan a que el Gobierno de España ponga en marcha el procedimiento para aplicar el artículo 155 de la Constitución”. Pocas horas antes de la votación, Fernández pedía “ser riguroso” porque “la figura del 155 preventivo no existe” y el protocolo para activarlo está “perfectamente tipificado” y prevé que, en caso de que se detecte alguna “irregularidad”, haya un requerimiento previo del Gobierno a la  Generalitat. Eso mismo manifestó después el portavoz del subgrupo del PP en el Parlament, Santi Rodríguez, en una intervención en la propia cámara. Pero, a la hora de la verdad, y pese a todos esos matices, los populares acabaron votando a favor de la propuesta.

Una moción de censura al servicio del relato

La nueva exigencia a Sánchez de que aplique la ley de seguridad nacional y el resto de medidas viene a acabar con esos bandazos con la intervención, ahora relegada a plan B para que nadie acuse al partido de volver a escorarse a la derecha a base de hacer oídos sordos al TC. Así, la competición con Cs tiene que plantearse en otros términos. Toca recordar que son los de Albert Rivera los que han imposibilitado España Suma y también que esa moción de censura con la que ahora se ha descolgado la líder del partido naranja en Cataluña, Lorena Roldán, es en realidad una idea en la que quien llevaba insistiendo muchos meses era el PP.

La aritmética parlamentaria condena esa moción al fracaso, claro, pero la iniciativa sirve a los objetivos de los liberales y los populares a efectos de ese relato ahora tan en boca de todos, porque tensiona  a los socialistas al situarlos ante el dilema de avalarla, alineándose con la derecha constitucionalista, o rechazarla, lo que socavaría la credibilidad del endurecimiento de la posición que Sánchez exhibe respecto de los independentistas.

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