El PP multa a Cayetana Álvarez de Toledo con 500 euros por romper la disciplina de voto en el Congreso
La diputada sancionada avanza que recurrirá la multa impuesta por el Partido Popular
Un nuevo episodio ha vuelto a incendiar al Partido Popular. El grupo parlamentario liderado por Pablo Casado ha sancionado a su exportavoz y diputada Cayetana Álvarez de Toledo con una multa de 500 euros por «no respetar la línea política del grupo» y votar en blanco en la elección de los cuatro miembros del Tribunal Constitucional.
La diputada, por su parte, ha avanzado que recurrirá a la multa impuesta y ha señalado, a través de su cuenta personal de Twitter, que «ayer, 30 de diciembre, a las diez y media de la noche», recibió estos documentos, firmados por el secretario general del grupo parlamentario popular, Guillermo Mariscal, en los que se le exige, según ha informado Álvarez de Toledo, una aportación extraordinaria a las finanzas del PP.
En el documento se destaca que Cayetana Álvarez de Toledo votó en blanco «cuando conocía que la dirección del grupo había comunicado a todos los diputados el sentido del voto, que no era en blanco». Ante ello, varios compañeros del Congreso y dirigentes del partido exigieron a la dirección que se aplicara el nuevo Reglamento del Régimen Disciplinario y de Garantías para sancionar a la exportavoz.
«El hecho objetivo, no interpretable» de la diputada durante la votación «separándose de la línea política marcada por el grupo» es el que activa la infracción, recogida en «el artículo 30.2 c) de los Estatutos del Grupo Parlamentario Popular, de obligado cumplimiento para todos los diputados (…) y conocía que la Dirección del Grupo había comunicado a todos los diputados el sentido del voto, que no era en blanco«, recoge el escrito.
Asimismo, ante lo esgrimido por Álvarez de Toledo que ha alegado que una sanción en su contra equivalía a «sancionar la defensa de los principios y la coherencia ideológica» del PP, el partido ha defendido que las acciones presentadas contra su persona en ningún caso «vulnera los procedimientos legales, incumple los Estatutos del Grupo, socava la autonomía del diputado, frustra la regeneración democrática o impugna el ideario del Partido Popular».
El Partido Popular, por lo tanto, ha explicado que la apertura del expediente sancionador es una consecuencia contemplada en los estatutos del grupo popular y como tal ha de ser aplicado.