El PP denuncia al ‘número dos’ de Marlaska por el cese de Pérez de los Cobos
La formación conservadora atribuye al secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, y a la directora de la Guardia Civil, María Gámez, un delito de prevaricación
El secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, durante un acto en la Subdelegación del Gobierno en Córdoba, EFE
El Partido Popular anunció que iniciaría una ofensiva si Fernando Grande Marlaska no dimitía y ya ha empezado a cumplirla. La formación conservadora ha presentado una denuncia por un presunto delito de prevaricación contra su círculo más cercano en el Ministerio del Interior. Les atribuye la responsabilidad en la destitución irregular del jefe de la Comandancia de la Guardia Civil en Madrid, el coronel Diego Pérez de los Cobos, que los tribunales finalmente han revocado.
La formación de Pablo Casado ha señalado en su escrito a dos personas cercanas al ministro. La primera es el secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, la mano derecha de Marlaska. La segunda es la directora general de la Guardia Civil, María Gámez. La denuncia señala que ambos firmaron el cese de Pérez de los Cobos que se ejecutó de manera «irregular, contraria a la ley y prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legal establecido», según ha adelantado El Mundo y confirmado Economía Digital.
El texto remarca que se despidió a Pérez de los Cobos sin adjuntar un informe razonado de causas y a pesar de que el coronel había obtenido hasta la fecha «excelentes calificaciones y una altísima valoración por parte de sus superiores».
La ofensiva judicial mete presión añadida contra Marlaska, aunque los populares han evitado incluir su nombre directamente en la denuncia judicial. La formación ha rechazado ir a por el ministro del Interior porque está protegido por su condición de aforado y no figura en la documentación oficial firmada para fulminar a Pérez de los Cobos.
Sin embargo, sí que han dejado una acusación velada en el documento. «Como máximo responsable del Ministerio del Interior, además de por el acto expreso dictado el pasado 28 de julio de 2020 y ahora declarado nulo, la comisión del delito de prevaricación puede haberse producido aun por omisión», reza la denuncia.
Otras formaciones de la oposición sí que se han atrevido a señalar directamente con el dedo a Marlaska. Vox ya presentó una querella por los presuntos delitos de prevaricación, represalias y obstrucción a la justicia contra el ministro del Interior por el despido de Pérez de los Cobos.
El PP aprieta a Marlaska antes de que avance su recurso judicial
El Partido Popular ha aprovechado la coyuntura jurídica para apretar a Marlaska. La decisión de la Audiencia Nacional de ordenar la restitución del jefe de la Guardia Civil en Madrid ha dado alas a la oposición que está exprimiendo el contenido de la sentencia que decretó el despido como «ilegal». La formación conservadora ya advirtió que forzaría un debate en el Congreso sobre su actuación y ahora ha dado un paso más, llevándolo también a los tribunales.
A pesar del varapalo judicial, Marlaska se ha negado públicamente a abandonar su puesto como ministro y ha puesto a trabajar al equipo jurídico de su departamento para que presente un recurso judicial con el objetivo de dar la vuelta a la sentencia y frenar la reincorporación de Pérez de los Cobos.
Ante la posibilidad de que la Justicia cambie su decisión, el PP ha iniciado una nueva actuación en los tribunales. Se apoyan en la resolución de la Audiencia Nacional que concluyó que su cese había sido irregular, ya que fue una consecuencia de la negativa de Pérez de los Cobos a filtrar información confidencial al Gobierno sobre una investigación en marcha de la Guardia Civil sobre la manifestación del 8 de marzo de 2020 y su influencia en el desarrollo de la pandemia.
«Los responsables de Interior eran conscientes tanto del deber general de reserva como de la orden expresa de guardar rigurosa reserva sobre la evolución y resultado de las concretas investigaciones decretadas», alega ahora el Partido Popular para justificar el delito de prevaricación.
La denuncia califica los hechos como «especialmente graves» porque si Pérez de los Cobos hubiese accedido a proporcionar la información sobre la investigación al Ministerio del Interior «podría haber sido constitutivo de un ilícito penal que hubiera tenido que asumir personalmente.
