El PP de Barcelona pide una comisión extraordinaria por las sospechas en las concesiones del Puerto
La querella por irregularidades en la Marina Vela y la investigación de Antifraude en el futuro puerto de lujo cercan a Sixte Cambra
El Partido Popular quiere explicaciones para las sospechas que en los últimos días acechan al Puerto de Barcelona. Los populares han pedido una comisión extraordinaria en el consistorio de la capital catalana para que los representantes de la Autoridad Portuaria (APB) puedan arrojar algo de luz sobre las dudas que existen en dos de sus proyectos más emblemáticos: la marina Vela y la futura marina de lujo del Port Vell.
El concejal popular Eduardo Bolaños ha asegurado que espera que tanto el presidente del puerto, Sixte Cambra, como el concejal de la capital catalana, Antoni Vives, den explicaciones en estos proyectos. La comisión extraordinaria, de prosperar, se podría celebrar a finales de mayo.
Bocana Nord
La primera sospecha que afecta al Puerto de Barcelona tiene que ver con la adjudicación a la compañía Formentera Mar de un contrato para reformar y explotar la marina de la Bocana Nord, también conocida como marina Vela. La empresa Varadero, que actualmente opera en los muelles barceloneses, se ha querellado contra la APB al considerar que ésta diseñó el concurso a medida de la ganadora y, además, la recompensó con dos adjudicaciones a dedo. Uno de estos premios supone para los querellantes el cese total de sus actividades.
Sobre este asunto, la APB asegura que la querella no tiene “ningún fundamento jurídico” y señala que la motivación de Varadero es frenar su desahucio en las instalaciones portuarias. Además, también señala haber recibido amenazas y coacciones por la misma empresa e indica que podría responder a la querella iniciando otra batalla judicial.
Antifraude
Por otro lado, la Oficina Antifraude de Catalunya (OAC) tiene abierta una investigación sobre el origen de los fondos que han servido para pagar la futura marina de lujo del Port Vell. El ente fiscalizador sospecha que el ganador de la licitación, Salamanca Group, estaría implicado en una operación de blanqueo de dinero procedente de paraísos fiscales.
Sobre este asunto, la OAC también pasa revista a las actuaciones de Cambra y de Vives en la concesión de la licitación. Las sospechas apuntan que pudieron dispensar trato de favor al fondo británico al modificar las concesiones al antojo de éste.
