El PP carga contra Colau por prohibir a un agente hablar en castellano: «Su desprecio a España es indignante»
El Partido Popular de Barcelona ha celebrado que la sentencia "proteja los derechos lingüísticos del agente" de la Guardia Urbana que ahora tendrá derecho a repetir la prueba para aspirar a sargento
El PP ha cargado contra la alcaldesa de la capital catalana, Ada Colau, después de que un juez haya fallado a favor del agente de la Guardia Urbana al que el Ayuntamiento de Barcelona impidió hacer uso del castellano durante el proceso de selección para ascender dentro del cuerpo policial.
«El desprecio de Ada Colau a todo lo que huela a España es indignante y es un ejemplo más de su sectarismo progre«, ha afirmado el presidente del grupo municipal del Partido Popular en Barcelona, Josep Bou, quién también ha reivindicado la necesidad de «denunciar una nueva derrota judicial» del consistorio de la capital catalana y ha calificado de «intolerable» el hecho que «un agente no pueda responder en el idioma oficial de España».
Además, los populares han tachado de «vergonzoso» que el PSC «sea parte de esta vulneración de derechos» y han criticado que, junto a la alcaldesa Colau, «lo hayan permitido». También han celebrado que la sentencia «proteja los derechos lingüísticos del agente» y han lamentado que el consistorio no busque «la excelencia en los procesos de selección».
Asimismo, han visto especialmente «grave» esta «discriminación» puesto que se sitúa en el ámbito de la seguridad, que «es la principal preocupación de los vecinos de Barcelona».
En este sentido, el concejal del PP, Oscar Ramírez, ha afirmado: «Queremos a los mejores para garantizar la seguridad independientemente de su lengua materna».
Sentencia a favor del agente
El Juzgado Contencioso 4 de Barcelona ha fallado a favor del agente de la Guardia Urbana al que el Ayuntamiento de Barcelona impidió hacer uso del castellano durante la prueba oral en el proceso para ascender de cabo a sargento. Así pues, se ha estimado el recurso interpuesto por el policía y rechazado los argumentos del consistorio, que justificaba que no había superado el examen por su capacidad después de la evaluación del tribunal calificador.
La magistrada, Rosa María Muñoz Rodón, ha ordenado repetir la prueba al afectado en la lengua cooficial que elija, ha anula la calificación de «no apto» que había obtenido y ha condenado al Ayuntamiento a abonar 250 euros.