El político que decidirá sobre ATLL ya falló a favor de Acciona hace dos años

La anulación de la concesión actual de Aigües Ter Llobregat (ATLL) a un consorcio liderado por Acciona se ha puesto en marcha este viernes. Pocas horas después de que el consejero de Territorio, Santi Vila, firmara el documento con el que se crea oficialmente la mesa de adjudicación que diseñará la estrategia para anular el contrato han surgido las primeras críticas a la imparcialidad del órgano de decisión. Especialmente la de su presidente, el secretario del departamento, Pau Villòria.

El alto cargo del Govern fue el firmante de un documento de 29 de noviembre de 2012 en el que resolvía, a instancias de Aguas de Barcelona (Agbar), que la adjudicación de ATLL a Acciona cumplía con todos los preceptos legales y que no había existido ninguna irregularidad durante el proceso.

Criterios de la mesa

La resolución fue preparada junto a los servicios jurídicos de la Generalitat, indican fuentes cercanas a Villòria. En ella, el secretario de Territori indicaba a Agbar que el órgano de contratación que optó por la oferta del grupo de los Entrecanales «tiene la posibilidad de establecer los criterios de valoración de las ofertas que considere convenientes con el único límite que tenga vínculo directo con el objeto del contrato».

Negaba de este modo las acusaciones que realizó en ese momento la compañía de Suez Environnement de que la concesión de ATLL había sido una «subasta encubierta»: «Es la propia ley que regula la contratación del sector público la que permite que el órgano de contratación marque los criterios que quiera e, incluso, que exista un único criterio», defendía.

Proposición técnica

Incluso señaló que la jurisprudencia del Tribunal Supremo «reconoce la denominada discrecionalidad técnica de la Administración, de tal forma que, en cuestiones que se han evaluado aplicando criterios técnicos, el Tribunal sólo puede corregirlos aplicando criterios jurídicos».

Villòria argumentó que la proposición técnica de Acciona era correcta y se ajustaba a derecho. Algo que rechazó tan sólo 35 días después el actual Tribunal Català de Contractes del Sector Públic (antigua Oarcc) en una resolución que ha recibido el apoyo del TSJC y el Tribunal Supremo. Con todo, el máximo tribunal catalán aún no se ha pronunciado específicamente sobre esta cuestión. La Generalitat recurrió la decisión del órgano de mediación y se espera que la sentencia definitiva llegue en el primer semestre de 2015.

Necesidad económica

El alto cargo también indicaba en el documento de 2012 que la tarifa media que ofrecían los Entrecanales era más ventajosa. Declinaba que Acciona aplicara una «baja temeraria» en su propuesta técnica que incluso comprometía la viabilidad del servicio, otra de las valoraciones que aportó Agbar en el recurso.

El documento firmado por Villòria fue muy claro en un punto: la necesidad económica de finalizar la privatización de ATLL antes de que concluyera el ejercicio 2012. «La no formalización del contrato podría provocar graves perjuicios de imposible reparación en la Hacienda Pública Catalana».

«La no firma del contrato antes del 31 de diciembre de 2012, supondría que el canon previsto de importe total 995.506.100 euros no se pueda contabilizar como un derecho económico a favor de la Generalitat de Cataluña, con un impacto de reducción de déficit en la liquidación del año 2012, afectando a la solvencia financiera de la Generalitat», concluye.