El PNV reaviva la guerra entre PSOE y Podemos por las devoluciones en caliente
Podemos vuelve a presionar al PSOE junto a varias ONGs para eliminar las devoluciones en frontera.
Queriendo o sin querer, el Partido Nacionalista vasco reaviva las tensiones en el Gobierno de coalición a cuenta de las devoluciones en caliente. Este jueves, el Congreso de los Diputados debatirá y votará una nueva reforma propuesta por el PNV a la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de Protección de la Seguridad Ciudadana, conocida como ‘Ley mordaza’.
En esta norma se incluyen las famosas devoluciones en frontera, mal llamadas devoluciones en caliente, que Unidas Podemos pide eliminar. Sin embargo, los socialistas, tras el fallo del Tribunal Constitucional avalándolas, aseguró que las mantendría.
Los vascos se ponen de perfil en el texto registrado el pasado 17 de enero en la Cámara Baja. En él piden que se cumpla «el mandato de respeto de la normativa internacional derechos humanos y de protección internacional de la que España es parte, cuando se realicen devoluciones en frontera de extranjeros que entran ilegalmente en España, sea real y efectivo».
Sin embargo, los de Pablo Iglesias vuelven a la carga y ya presionan junto a varias ONGs para suprimirla este aspecto de la norma. Casi un centenar de organizaciones se sumaron hace dos semanas a un escrito remitido por la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) a los grupos parlamentarios para pedirles a aquellos en contra de las devoluciones en frontera que reclamen al Gobierno el fin de las mismas.
Las organizaciones consideran que con esta norma «no es imposible detectar adecuadamente a las personas en situación de vulnerabilidad o susceptibles de optar a asilo si el procedimiento de expulsión se instruye y ejecuta de manera inmediata». Desde Unidas Podemos enseguida se comprometieron, pero son conscientes de que sus socios de Gobierno, PSOE, han virado hacia respetar la sentención del Constitucional, es decir, seguir aplicándolas. Y a este giro le siguen atribuyendo el mismo nombre, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.
Lo cierto es que Marlaska e Iglesias ya tuvieron un encontronazo a cuenta de las devoluciones en frontera. Cabe recordar que el vicepresidente corrigió al titular de Interior a través de una entrevista en TVE señalando que «es un consenso que las devoluciones en caliente no son respetuosas con los derechos humanos. Marlaska sabe que eso no se puede producir. Cualquier acción en contra de los derechos humanos y del acuerdo de Gobierno no se puede producir».
Posteriormente a estas declaraciones, el secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, reiteró la legalidad de esta práctica, enmendó a Iglesias y anunció que se mantendrían hasta este jueves, donde el PNV no pide derogarlas y está por ver cuál será el voto de Podemos y del PSOE respecto a la norma en sí y las posibles modificaciones.
Las fuentes socialistas en el Congreso consultadas aseguran haberse leído la reforma que propone el PNV y, respecto a ese punto, se muestran de acuerdo «porque va en línea de lo que avaló el Constitucional».
Sin embargo, en Podemos quieren ir más allá y proponer su derogación en el Congreso. «Es una propuesta que mantenemos abierta y, por supuesto, que vamos a seguir negociando» con los socialistas, señalan la formación de Iglesias en el Congreso.
El portavoz de Interior de Podemos, Enrique Santiago, plantea más cambios profundos, además de las devoluciones en frontera, y recalca que la modificación de la ‘ley mordaza’ es un acuerdo del Gobierno de coalición con el PSOE.
Santiago demanda que se erradique el uso de material antidisturbios en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, como las pelotas de goma o que solo se puedan hacer registros corporales en la calle cuando el ciudadano ha cometido una infracción.
El diputado defenderá también con las enmiendas de su grupo la rebaja de las sanciones o la revisión a fondo del artículo 36, el que contempla la desobediencia a las fuerzas de seguridad y que fue el precepto empleado para aplicar más de un millón de sanciones por incumplir el confinamiento decretado durante el primer estado de alarma.