El plan E de Zapatero multiplicó por 60 las pérdidas de una empresa pública

José Luis Rodríguez Zapatero ordenó en 2008 la compra de diferentes terrenos destinados a la construcción de vivienda protegida que, apenas dos años más tarde, ya habían perdido casi la mitad de su valor contable. Ello contribuyó a que la Entidad Pública Empresarial de Suelo (SEPES) multiplicara por 60 las pérdidas del ejercicio 2011.

Así se desprende del Informe de fiscalización de las inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo y del inventario del patrimonio inmobiliario de la Entidad Pública Empresarial del Suelo SEPES, ejercicios 2010 y 2011, publicado por el Tribunal de Cuentas.

En dicho documento se explica que en 2008 el Gobierno «consideró oportuno» completar las acciones para la promoción de vivienda protegida en el marco del plan E, por lo que puso en marcha una oferta pública de compra de suelo privado en municipios de más de 20.000 habitantes.

Presupuesto de 300 millones

La operación, pensada para un periodo de cuatro años con un presupuesto máximo de 300 millones de euros (sin impuestos) de inversión más 130 millones aportados por SEPES para la urbanización de los terrenos, se hacía con la convicción de que a partir de 2011 se comenzaría a tener ingresos por las ventas, ya que el 15% de las viviendas se pondrían a la venta en 2010, el 30% al ejercicio siguiente, el 45% en 2012 y el 10% restante en 2013.

De las 33 ofertas de suelo elegible que recibió SEPES finalmente se aprobaron las ocho actuaciones que cumplían todos los requisitos de viabilidad económica, urbanística y técnica, y también de demanda de vivienda protegida, a partir de los cuales se definió el precio máximo de adquisición del suelo.

En concreto, se trataba de terrenos en Puertollano, La Armunia (León), Draguillo Sur (Santa Cruz de Tenerife), Ibi (Alicante), Linares (Alicante), Telde (Gran Canaria), Basauri (Vizcaya) y Villanueva de la Serena (Badajoz), en los que se invirtieron 80,62 millones de euros.

Sin embargo, a 31 de diciembre de 2011, el Tribunal de Cuentas constata que el grado de ejecución de la operación era «muy bajo» y que además existían «problemas urbanísticos» en los terrenos adquiridos.

Irregularidades en la selección de parcelas

En concreto, un informe de la Unidad de Servicios Jurídicos de SEPES detectó irregularidades en los criterios de preferencia para determinar la valoración de ofertas, en particular en Linares, donde el terreno elegido estaba calificado de rústico y el cambio del plan de ordenación urbana estaba sin aprobar.

Algo parecido sucedía en Basauri, donde las parcelas estaban destinadas a uso global industrial, y en Puertollano, donde se trataba de suelo urbanizable no programado de uso global industrial. Es decir, terrenos donde no se pueden construir viviendas.

Asimismo, el informe jurídico señaló que en algunos casos «no se tuvieron en cuenta las conclusiones del estudio de mercado realizado por el tasador y aquellos otros estudios o informes sobre la viabilidad de los terrenos a adquirir», ya que «de haberlos tenido en cuenta no se hubieran seleccionado las ofertas de Villanueva de la Serena, León, Telde, Puerto llano e Ibi por no existir demanda o por ser inviables».

También se compró suelo a un precio unitario «mayor al recomendado» para garantizar la viabilidad de las operaciones en los casos de Linares, León, Telde, Puertollano e Ibi. Y el informe jurídico apunta además a que algunas de estas compras se realizaron «en base a unas instrucciones recibidas del Ministerio de Vivienda, desconocidas para el servicio jurídico», que se suman a otras irregularidades formales.

Con todo ello, a 23 de octubre de 2012 el deterioro del valor de estos terrenos en las cuentas de SEPES ascendía a casi 43 millones de euros, es decir, el 53,24% de lo que se había pagado por ellos, aunque en algunos casos como los de Puertollano o Linares la pérdida de valor superaba el 90% de la inversión.

Revisión de las cuentas de SEPES

En julio de 2012, SEPES tuvo que revisar sus propias cuentas y reconocer una depreciación de sus activos por valor de 93,76 millones de euros, lo que suponía el 48,4% de pérdida del valor contable que tenía registrado en libros a 31 de diciembre de 2011.

Este ajuste, junto con otras revisiones a la baja derivadas de su participación, por ejemplo, en la Sociedad Pública de Alquiler (SPA), provocaron un «ajuste muy significativo» de sus cuentas, que pasaron de unas pérdidas iniciales de 2,54 millones de euros a casi 124,3 millones, 60 veces más.

En este mismo periodo de tiempo, el Tribunal de Cuentas señala que SEPES también desembolsó 727.000 euros como contraprestación a unos trabajos encargados a SEPES Urbana que «podría haber efectuado directamente con sus propios medios» y además tuvo que mantener cuentas corrientes con la mayor parte del capital desembolsado (12,5 millones) retribuido a un tipo de interés «inferior» al aplicado por las entidades de crédito por depósitos de similares características.

Recomposición del inventario

Por todo ello, el organismo fiscalizador recomienda a SEPES regularizar su inventario inmobiliario para actualizar el valor contable de sus actuaciones, depreciar aquéllas de dudosa realización y dar de baja las que hayan sido totalmente desestimadas, así como acometer «un procedimiento riguroso de control de la gestión de las sociedades del grupo y asociadas» para «prevenir los riesgos que puedan surgir ante situaciones de administración irregular».