El plan de la Generalitat con Unipost para impulsar el 1-O

A espaldas del juez. El plan de la Generalitat para utilizar Unipost en el referéndum del 1 de octubre (1-O) se urdió sin que el administrador concursal de la empresa, designado por el magistrado, sospechara. La compañía de servicios postales se encuentra en concurso de acreedores por unas deudas de 50 millones de euros y este martes recibió la visita de la Guardia Civil. Encontró más de 30.000 cartas “sospechosas” de estar relacionadas con el 1-O.

Según el cuerpo policial, en la sede de la sociedad de la familia Raventós en Terrassa (Barcelona) podría encontrarse la correspondencia necesaria para convocar a los ciudadanos a las mesas electorales. El consejero delegado, Pablo Raventós, fue citado el lunes a declarar sobre el asunto y aseguró desconocer si se estaba enviando material referente a la votación.

Sin embargo, desde la empresa sí admiten haber recibido un encargo especial de la Generalitat para ser repartido entre el miércoles 20 y el viernes 22 de septiembre. Fuentes de la sección sindical de la CGT en la compañía aseguran a Economía Digital que la dirección repartió una “modificación horaria” para aumentar el número de horas durante los tres días.

Unipost movilizó a toda la plantilla y los franquiciados debido al pedido especial de la Generalitat

“Se reciben peticiones especiales y se realizan ampliaciones de horario constantemente”, responden desde la firma. A diferencia de en otras ocasiones, la cúpula se ha negado a desvelar a la plantilla el cliente responsable de la nueva operativa.

Para el encargo Unipost se movilizó al completo: la empresa madre, Unipost SA, la filial Suresa y hasta los franquiciados. Un plan que debía llevar a la compañía a repartir una cantidad de entre 30.000 y 55.000 citaciones para notificar la convocatoria de asistencia a las mesas electorales.

La defensa de Unipost se basa en un argumento: el derecho al secreto de correspondencia. Las cartas no estaban etiquetadas con ningún distintivo del referéndum, por lo que para comprobar su vinculación habría que abrirlas, algo ilegal sin una orden judicial.

Unipost ya envió la información del referéndum del 9-N

A favor del teórico desconocimento de Unipost, fuentes de Correos explicaban hace unos días a Economía Digital que ellos tampoco podían certificar al 100% que no se utilizara el servicio común para enviar información electoral. “Confiamos en la buena voluntad de la Generalitat y en el caso que se identifique material referente al 1-O entre la correspondencia será retirado”, señalaron.

Será el juez quien dirima si los Raventós conocían, o no, la utilización de sus servicios para el envío de material sobre el 1-O. No obstante, la firma postal privada ya fue utilizada para el referéndum del 9-N de 2014.

Unipost declaró el pasado julio el concurso de acreedores con unas deudas de 50 millones de euros. Según los datos del Registro Mercantil, las pérdidas superan los 23 millones de euros entre el 2011 y el 2015. Al estar inmersa en este proceso judicial, la compañía no puede presentarse a concursos públicos, un obstáculo al que ya encontró solución dejando fuera del concurso a la filial Suresa.