El Plan B de Aragonès: impulsar la Caja de Solidaridad para pagar los embargos
La entidad mantiene conversaciones con el Ejecutivo catalán para articular una campaña de cara a la ciudadanía y poder sufragar las fianzas de los líderes del procés
El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès. // EFE
Los impulsores de la Caja de Solidaridad, asociación que crearon la ANC y Òmnium Cultural para afrontar los gastos judiciales vinculados con el proceso independentista, mantiene estos días conversaciones discretas con el Govern para ayudar a los represaliados por el Tribunal de Cuentas.
Se trata del ‘Plan B’ de Pere Aragonès tras pedir al Gobierno, en su visita este martes a Moncloa, la inacción del órgano fiscalizador contra los 5,4 millones de fianza que exige a los líderes del 1-O.
«Los contactos son discretos porque están estudiando todas las posibilidades desde el Govern», señalan las fuentes conocedoras a Economía Digital.
Plan A: el perdón del Gobierno o que pase el tiempo
Pere Aragonés solicitó a Pedro Sánchez la “inacción del Tribunal de Cuentas” o que “no tenga efecto su instrucción” contra el gasto derivado de la Acción Exterior por el Govern (entre 2011 y 2017) para promocionar el procés.
La portavoz del Govern, Patricia Plaja, ratificó esta solicitud y fuentes de la Generalitat instan a que ésta sea la «primera vía» para desactivar los posibles embargos que recaerán sobre 34 ex altos cargos del Govern si no abonan la fianza impuesta en los próximos 15 días a partir del anuncio del tribunal.
Desde el Gobierno, Sánchez se mostró a favor del perdón deslizando que al ser un órgano administrativo «las resoluciones pueden ser recurridas». Mientras que el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, ya avanzó que el Ejecutivo tratará de «desempedrar el camino» hacia el diálogo.
Por la parte de Unidas Podemos, la ministra de Igualdad, Irene Montero, también se ha mostrado a favor de un segundo ‘indulto’, esta vez económico’, a los presos del procés. Sin embargo, la principal solución para condonar esta deuda al fisco sería la renovación del Tribunal de Cuentas, cuyo mandato expira a finales de julio.
El presidente del Gobierno ya ha admitido desde la tribuna del Congreso que esta opción no está en su mano, ya que depende de la mayoría del Partido Popular, por lo que tendió su mano sin éxito alguno. Desde el PP insisten en que la mano de Sánchez «está envenenada» y «no pactaremos nada mientras sigan concediendo favores a los independentistas», deslizan a ED entre las filas de Casado.
Los abogados de los independentistas encausados calculan que el proceso todavía se alargará, al menos tres años, hasta que el Tribunal de Cuentas dicte la resolución definitiva. En este tiempo y tal y como aseguraron, «el caso ya no estará en el ojo del huracán de la prensa y, posiblemente, hayan cambiado las mayorías».
Sin embargo, desde el Govern hablan estos días sobre un ‘Plan B’ por si, finalmente, el separatismo tiene que abonar la fianza impuesta por el órgano fiscalizador.
Plan B: la Caja de Solidaridad
Este Plan B se estaría ‘cocinando’ estos días a fuego lento con reuniones entre el Ejecutivo catalán y el responsable de la entidad, Josep Cruanyes. La propia entidad anuló este miércoles una rueda de prensa tras continuar las conversaciones entre ambas partes.
Tal y como publicó ED, el ‘ala dura’ de Junts apostó desde el principio porque la «caja de resistencia» sufrague la fianza millonaria impuesta a los líderes del 1-O.
Sin embargo, también advirtieron de que «no tiene dinero». Desde Junts también deslizaron que el Govern se podría hacer cargo. Algo que constituiría un flagrante delito de malversación de caudales público y sería vuelta a lo mismo.
La ANC, por su parte, apuesta por construir una nueva caja de resistencia y «alborotar las calles» para conseguir más adeptos con la causa independentista y desde Òmnium también se apuesta por volver a la Caja de Solidaridad y que sea sufragada por la ciudadanía y los partidos, en este caso ERC, Junts y la CUP.
Este último paso sería por el que se habrían decantado en el Govern, por si la negociación con el Gobierno central no da sus frutos. Entre los encausados y sus familias «existe mucha preocupación», señalan las fuentes conocedoras por el posible embargo de todos sus bienes si no abonan la fianza en los 15 días siguientes a que el Tribunal de Cuentas se lo comunique.
En los próximos días, la entidad Caja de Solidaridad ofrecerá una rueda de prensa para explicar el procedimiento y pedir el apoyo de todo el independentismo, con la ayuda inestimable de los principales dirigentes.
El secretario general de Junts, Jordi Sànchez, no ha esperado a estas directrices y ha sido el primero en señalar que «nos tenemos que rebelar y hay que reactivar la caja de resistencia para evitar la muerte civil de estas 40 personas».
El dirigente de Junts reclama al presidente del Gobierno que «actúe de forma coherente» y advirtió que «no se puede llevar a más de 40 personas delante del Tribunal de Cuentas y decir que es el momento de la concordia«.
«Las buenas palabras deben ir acompañadas de hechos. Los indultos no agotan las vías de reparación de los daños», insistió Jordi Sànchez.
El abogado, ex diputado y también encausado Francesc Homs también señala que «sin la red de solidaridad el independentismo no podría continuar: me consta que hay voluntad de hacerle frente». El dirigente recuerda que ya tiene una casa embargada desde 2017 por su papel en la organización de la consulta del 9N.
«Solo espero que las redes de solidaridad funcionen y el independentismo sepa encontrar una respuesta para hacer frente a la liquidación del Tribunal de Cuentas», zanjó.
