El patrón independentista da cobijo a Rull en Mútua Terrassa
Mútua Terrassa, cuyo vicepresidente es Antoni Abad, de la patronal Cecot, contrata a Josep Rull para que pueda salir de la cárcel
Josep Rull, exconseller de Territorio de la Generalitat y condenado a 10 años y medio de prisión por sedición, trabajará en los servicios jurídicos de Mútua Terrassa en aplicación del artículo 100.2 del reglamento penitenciario, el mismo artículo que ha permitido flexibilizar el régimen de prisión de todos los líderes independentistas condenados por el procés.
Se da la circunstancia de que al cargo de Mútua de Terrassa se encuentra un vicepresidente muy cercano al independentismo y a Josep Rull —de hecho ambos son de la misma ciudad—, por lo que se podría haber facilitado su entrada. Se trata de Antoni Abad, vicepresidente primero de la entidad de salut. Abad es presidente de Cecot, patronal del Vallès enfrentada durante años a Foment por su cercanía al independentismo y su voluntad de expandirse por toda Cataluña.
Según varias fuentes del entorno de Rull, el exconseller trabajará en el área de servicios jurídicos de la mutua ubicada en el municipio vallesano del que es vecino, Terrassa (Barcelona), para reforzar la asesoría legal.
No serán las únicas tareas que realizará Rull en su permiso penitenciario, sino que también piensa hacer voluntariado en el mismo municipio, pero en otra entidad. En un comunicado, la entidad de Mútua de Terrassa ha explicado que la incorporación de Rull como abogado será para reforzar la asesoría legal de la entidad poniendo el foco en los ámbitos relacionados con aspectos como la economía circular, la eficiencia energética o la sostenibilidad.
Todos los políticos presos disponen de la semilibertad
Recordar que la Junta de Tratamiento de la cárcel de Lledoners acordó este jueves otorgar permisos de salida a los únicos dos presos del procés que aún no los habían obtenido: los exconsellers Josep Rull y Jordi Turull. De esta forma, todos los nueve condenados por la celebración del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 han conseguido lo que la Fiscalía considera un «tercer grado encubierto» a los líderes separatistas.
Lledoners también ha aplicado el artículo 100.2 a Oriol Junqueras, Jordi Sànchez, Raül Romeva, Jordi Cuixart y Joaquim Forn, y las cárceles de Mas d’Enric y Puig de les Basses han admitido las solicitudes de permiso de Carme Forcadell y Dolors Bassa, respectivamente.