El Parlamento Europeo investiga la legalización de regadíos en Doñana

El Parlamento Europeo investigará el proyecto para la legalización de regadíos en el entorno del Parque Natural de Doñana en el marco de las ocho denuncias que han llegado a la Comisión de Peticiones de la institución europea que, en conjunto, alertan sobre el deterioro de la situación medioambiental que viene padeciendo la mayor reserva biológica de España. Todo lo relativo a las denuncias sobre el Parque de Doñana se debatirá este jueves en el turno que comienza a partir de las 9.00, con presencia de alguno de los peticionarios en conexión online.

Dolors Montserrat, jefa de la delegación popular para los eurodiputados populares, es la presidenta de esta Comisión, entendida como la herramienta para que los ciudadanos europeos realicen solicitudes o expresar quejas, a nivel personal o colectivo. En este caso, la investigación sobre los regadíos de Doñana que llega ahora a la Euro cámara se inicia apenas dos meses después de que los dos partidos del Gobierno andaluz, PP y Ciudadanos, impulsaran desde el Parlamento andaluz, gracias a los votos de Vox y la sorpresiva abstención del PSOE andaluz, el inicio de la tramitación de una ley que, en la práctica, legalizaría 1.605 hectáreas de invernaderos de frutos rojos situadas en el entorno del parque y cuyos propietarios sustraen el agua del enorme y sobreexplotado acuífero de 2.409 kilómetros cuadrados que da vida a la reserva natural.

Con todo, la inminente convocatoria electoral que proyecta Juanma Moreno provocará que esta iniciativa parlamentaria, como muchas otras, decaiga en el momento en que el presidente andaluz firme el decreto de la disolución de la cámara, que debe hacerse 54 días antes de la fecha de las elecciones. Otra cosa será la prioridad que el nuevo Ejecutivo autonómico que pueda surgir de las urnas le dé a este asunto en su agenda política.

La comunidad internacional censura los cultivos ilegales de fresas

Ajenos a la quiniela de fechas instalada en la crónica política en Andalucía y muy al margen de si eso significa o no un decaimiento de iniciativas tan cuestionadas como la de la legalización de estos pozos, para Bruselas el mero hecho de que desde el Ejecutivo autonómico se haya visto con buenos ojos este proyecto es motivo de “desconcierto” como puso por escrito la directora general de Medio Ambiente, Florika Fink-Hooijer. Apenas unos días antes de que el Parlamento andaluz aprobara el inicio de la tramitación de esta ley, la Comisión Europea envió a España una carta, de tono ciertamente amenazante, avisando de multas millonarias si este proyecto de legalización de regadíos llegaba a prosperar.

En su misiva, Fink-Hooijer recordó que con ello se “agravará” la situación de Doñana y estaría “en grave riesgo” el cumplimiento de la sentencia del Tribunal de Justicia europeo, que ya en junio de 2021 condenó a las administraciones responsables de cuidar Doñana de estar incumpliendo las leyes europeas y culpaba a la agricultura intensiva de las fresas del alarmante deterioro de la biodiversidad en Doñana. Por su parte, la Unesco también se ha sumado a las críticas a este proyecto y ha advertido al Gobierno de España que cierre pozos clandestinos e informe de este plan.

Iniciativa «perjudicial»

Asimismo, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, el organismo responsable de la gestión del agua en la cuenca del río, ya ha avisado que no autorizará ni una gota de agua porque no hay, y la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, envió al presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno, una carta para que “desista” de una iniciativa “perjudicial” a un parque declarado Patrimonio de la Humanidad en 1994. En concreto, el peticionario expone en su denuncia, consultada por Economía Digital, que el Parque Nacional de “Doñana está amenazado por los más de 2.500 pozos de extracción de agua (de los cuales 850 son ilegales) que están haciendo bajar de forma alarmante los niveles de las aguas subterráneas”.

Asimismo, en su petición denuncia el uso indebido del agua debido a la agricultura intensiva de regadío en suelos de uso forestal y recuerda que la Confederación Hidrográfica describió esta situación en su último Informe sobre el estado de los acuíferos y señala “la inacción de la Junta de Andalucía, en particular en la comarca del Condado de Huelva, donde 3.000 hectáreas de terreno forestal se han convertido en a cultivos de regadío”. Este mismo peticionario saluda el dictamen motivado de la Comisión sobre la “sobreexplotación de los acuíferos” de Doñana y pide la eliminación de la totalidad de los pozos no autorizados.

«No han adoptado medidas suficientes para impedir esta situación»

Asimismo demanda “que no se altere el parque mediante infraestructuras de cualquier tipo salvo las destinadas a su protección y gestión y que no se recalifiquen terrenos en caso de incendios”. Además, recientemente, un grupo de grandes firmas del mundo de la distribución de alimentos en Europa, a partir de una campaña de sensibilización impulsada por WWF España, se ha dirigido por carta al Gobierno andaluz y al Gobierno de España para pedirle que ponga freno al intento de ampliar las zonas de regadío en Doñana y cumpla con lo acordado en el Plan de la Corona Forestal de Doñana, en el que se acotaban los derechos sobre el agua para paliar la sobreexplotación de los acuíferos.

En la misma línea, la Comisión de Peticiones tratará la situación medioambiental del Parque Natural de Doñana. Dentro de este asunto se agrupan hasta cinco peticiones, entre las que se incluye la presentada en nombre del Club de Doñana, en la que se lamenta el estado de deterioro en que se encontraría la reserva.

En su denuncia, se indica que “las autoridades públicas, que son a todas luces responsables de su conservación, no han adoptado medidas suficientes para impedir esta situación o han contribuido activamente a que esta se produzca”. Igualmente, se encontrarían tres peticiones en un sentido similar, que denuncian que las autoridades públicas habrían autorizado proyectos que implican la extracción, el almacenamiento y el transporte de gas natural en la zona, lo que sería incompatible con la legislación europea en materia de protección de hábitats y aves. La comisión de Peticiones ya hizo una visita de inspección en la zona en septiembre de 2018, tras la cual se aprobó un informe con conclusiones y recomendaciones de actuación.