El Parlament ya anunció una querella a Rajoy que nunca presentó

La querella contra el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena será la primera que interpone el Parlament en el actual periodo democrático. Eso, si es que finalmente tira adelante y no sucede como con la anunciada el pasado agosto, cuando la Mesa del Parlament ya aprobó la presentación de una demanda penal, en aquella ocasión, contra todos los altos cargos que, pese a ser citados, no se habían presentado a la comisión de investigación dedicada a la “Operación Cataluña” (CIOC), entre los cuales, el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, y la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría. La querella, pese a que en su día también fue anunciada con toda la pompa, nunca se llegó a presentar.

La historia de esta no-querella a Rajoy se reduce a una confusión, de los propios diputados del Parlament. O a una inflamación, como se prefiera. Algo muy propio del momento político en Cataluña. La medida la propuso la presidenta de la comisión, la diputada de ERC (entonces integrada en JxSí) Alba Vergès. La CIOC se había creado en marzo, ahora hace poco más de un año, para investigar una supuesta trama político-policial diseñada en época del ministro del Interior Jorge Fernández Díaz para atacar mediáticamente a políticos independentistas.

Comisión controvertida

La comisión fue polémica desde su concepción. El PP, que había votado en contra de su creación, nunca participó, y el PSC dejó de asistir, en protesta porque JxSí y la CUP impidieron que se abriera otra para investigar las declaraciones en las que el entonces senador de ERC Santi Vidal advertía de que el ejecutivo catalán había obtenido datos fiscales de los ciudadanos de forma ilegal para elaborar el censo de un referéndum de autodeterminación.

Los trabajos de la comisión también estuvieron marcados por las incomparecencias de muchos de los citados. A la cabeza, Rajoy, Sáenz de Santamaría, Fernández Díaz y el sucesor de este en Interior, Juan Ignacio Zoido, que se remitieron a un informa de la abogacía del Estado que les eximía de asistir. El ex director de la oficina antifraude de la Generalitat, Daniel de Alfonso; el fiscal superior de Cataluña, José María Romero de Tejada; el jefe de gabinete de Rajoy, Jorge Moragas, o los periodistas Eduardo Inda, Francisco Marhuenda o Esteban Urreiztieta también forman parte de la larga lista de convocados que se negaron a comparecer.

Vergès elevó la petición de querella a la mesa del Parlament, donde fue aprobada gracias a la mayoría independentista

Al cierre de la comisión, la presidenta de la misma anunció que se querellaría contra los incomparecientes, pese a que lo prevé el reglamento del Parlament respecto de aquellos que, siendo citados en dos ocasiones, se nieguen a participar en una comisión de investigación, es notificar la negativa a la fiscalía, para que sea el ministerio público el que decida si se trata de una actitud punible.

Sea como fuera, Vergès elevó la petición de querella a la mesa del Parlament, donde fue aprobada el 16 de agosto gracias a la mayoría independentista. También entonces hubo recelos expresados por los servicios jurídicos del Parlament. Y, de hecho, se dijo que se harían consultas a penalistas (los abogados de la casa no lo son) antes de decidir la vía más oportuna.

Pero lo que se anunció fue una querella. Así lo contó a los medios la entonces presidenta del Parlament, Carme Forcadell; así se hizo constar en la nota de prensa emitida por la propia cámara catalana, y así llegó a los titulares de los medios.

Tres textos de conclusiones

Dos semanas después, el 29 de agosto, la comisión aprobó las tres propuestas de conclusiones presentadas por JxSí, CSQP y la CUP. Las únicas que no hacían referencia a la querella eran las de los antisistema.

La coalición independentista mostraba en las suyas su satisfacción “con la decisión tomada por la Mesa del Parlament de querellarse contra los que no han querido acudir” a la comisión, mientras que los comunes celebraban “un acuerdo para presentar una querella” contra los incomparecientes. La CUP, en cambio, se limitaba a relatar que la CIOC había solicitado a la mesa “que se dé cuenta a la fiscalía y que se estudien las posibles acciones legales por parte del Parlament”.

Junts pel Sí celebró una querella de la Mesa del Parlament que no fue tal

Y el caso es que, tras la inflamación, los titulares y las consultas, el asunto, admiten fuentes parlamentarias, se quedó en lo único que prevé el reglamento del Parlament en estos casos: una notificación a la fiscalía sobre la incomparecencia de Rajoy, Sáenz de Santamaría et al, sobre la que no ha vuelto a haber noticia.

Pero claro, es que en los meses siguientes, todo se desbordó: llegarían sucesivamente el 1-O, la declaración de independencia del Parlament, el 155, las elecciones, los procesamientos y el bloqueo actual. Y son demasiados imputs como para acordarse a estas alturas de aquella no-querella tan cacareada que no fue más que una confusión.

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