El Parlament se querella contra Llarena contra el criterio de sus letrados
Los servicios jurídicos del Parlament recuerdan que no son expertos penalistas, mientras la Mesa contempla ampliar la querella contra otros magistrados del TS
La Mesa del Parlament, con mayoría independentista, ha dado esta mañana de viernes luz verde a la querella por prevaricación contra el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena propuesta por el presidente del Parlament, el republicano Roger Torrent. Lo ha vuelto a hacer, como ya pasó con el voto delegado de Carles Puigdemont, contra el criterio de los abogados del Parlament.
La Mesa ha dejado abierta la posibilidad de ampliar la querella contra Llarena a otros magistrados del Supremo si se considera que también han vulnerado los derechos políticos de los diputados de la cámara catalana, como entienden Junts per Catalunya (JpC), ERC y la CUP que ha hecho Llarena.
Quién firma la querella
La medida ha tirado adelante pese a las dudas expresadas por los abogados de forma verbal, porque tampoco en este caso se les ha pedido ningún dictamen previo. Los letrados han alegado no ser expertos en derecho penal, pero, según diversos participantes en la reunión, han advertido que consideraban preferible que la querella la presentaran, de considerarla oportuna, o el propio Sànchez o los grupos que la defienden, pero no la institución.
El planteamiento de los servicios jurídicos, y del resto de grupos, que se oponían a la iniciativa, era evitar ir más allá en una espiral judicializadora que podría volverse contra el Parlament en forma de denuncia por malversación de fondos publicos. PP y Cs, de hecho, entienden que esa es una consecuencia que caería por au peso. “Ha sido el ultimo recurso”, ha justificado la secretaria cuarta de la Mesa, Alba Verges, a la salida de la reunión.
Cs y PP advierten que la Mesa podría estar cayendo en un delito de malversación
Cs y PP han pedido sin éxito que se reconsiderara la decisión, y Catalunya en Comú, sin voto en la mesa, ha propuesto solicitar un informe previo a un bufete externo, opción que, pese a ser compartida por los servicios jurídicos, ha sido descartada. Los comunes planteaban también presentar mientras tanto una queja al Consejo General del Poder Judicial contra la sala penal del Supremo. Y eso sí se les ha aceptado, pero no como una alternativa, sino como una medida en paralelo.
La mesa ha encargado la presentación de la demanda a los servicios jurídicos, sin descartar que estos soliciten asesoramiento externo.
