El pacto entre PSOE y Podemos deja un reguero de EREs

El pacto entre PSOE y Unidas Podemos que permitió la formación de Gobierno, sellado dos días después de las elecciones generales del 10 de noviembre, recogía, entre otras medidas, la derogación de la reforma laboral ejecutada por la Administración de Mariano Rajoy en 2012. Un escenario que puso a las empresas en guardia, que advirtieron sobre los efectos negativos para el empleo, y cuyos temores se han prolongado tras la formación del Gobierno, a pesar de que la responsable en materia económica del gobierno, Nadia Calviño, ha ido limitando la profundidad de la reforma y comprometiéndose a estudiar previamente cuál sería el impacto de una posible retirada en el mercado de trabajo. 

Este guiño y a pesar de que la moderación económica ha sido inferior a la prevista, no ha servido para que los ERE que se vieron en los últimos dos meses de 2019, desaparezcan con el cambio de ejercicio. De hecho, en apenas un mes de Gobierno de coalición, son varias las empresas, y de sectores muy diversos, que han anunciado y un expediente de regulación de empleo. 

Bancos como Ibercaja, que podría reducir su plantilla en 500 empleados; compañías del sector automovilístico como PSA o Continental -planean el despido de 461 y 760 trabajadores respectivamente- o el fabricante de aviones Airbus, que pretende dar salida a 630 trabajadores, son algunas de las compañías que han presentado en los últimos días recortes, que afectan, en total, a unos 2.500 trabajadores.

La matización del discurso oficial no parece sufiente haber dado suficiente confianza todavía a los empresarios. Desde la derogación completa anunciada en un principio hasta las declaraciones a finales de enero de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que reconoció en una entrevista en El País que sería «irresponsable» la supresión al completo, deja la incógnita abierta sobre hasta dónde se plantearán cambios a lo largo de la legislatura. Por el momento, el despido por absentismo justificado por causas médicas, ha sido recibido bien desde la empresa, pero hay otras posibles modificaciones que no acaban de convencer.

Aumento de los despidos colectivos

A falta de los datos de enero y febrero de este año, desde la CEOE señalan que aún «no se ha hecho un análisis sobre el efecto llamada» que podría haber provocado el miedo a los cambios en la reforma laboral. «Cada empresa tiene su motivación y habría que ir una por una», apuntan fuentes de la entidad. Sin embargo, a nivel cuantitativo, los datos de noviembre y diciembre de 2019, posteriores al pacto entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, arrojan un incremento del número de trabajadores que han sido afectados por procesos de despidos colectivos.

Siguiendo las cifras del Ministerio de Trabajo, en el conjunto de 2019 se realizaron 30.871 despidos colectivos, lo que supone un 54,7% más que en todo el año anterior. Solo en noviembre y diciembre, cuando ya se conoció el pacto PSOE-Unidas Podemos, se realizaron 3.100 y 3.164 procedimientos de este tipo (un total de 6.264), mientras que en el mismo periodo de 2018 se despidieron a 1.725 y 1.843 trabajadores, 3.568 en total. Es decir, el crecimiento fue del 75%.

Las cifras también son mayores que en los ejercicios precedentes. Entre noviembre y diciembre de 2017 se contabilizaron un total de 3.648 despidos, mientras que en el mismo periodo del año anterior se registraron 4.285 casos. No obstante, la CEOE no relaciona causalmente que esto se deba exclusivamente a la derogación de la reforma laboral, y apuntan también otros factores como la ralentización económica mundial o la guerra comercial entre EEUU y China que terminó sacudiendo la economía mundial. 

Más de 2.500 trabajadores en riesgo

La tendencia ha seguido en 2020. De las empresas que han comunicado algún tipo de ERE sobresale el anunciado por Continental, que podría despedir a 760 trabajadores de su planta en Rubí (Barcelona), aunque finalmente la compañía haya paralizado su decisión por el momento hasta llegar a un acuerdo con los sindicatos.

Otra compañía automovílistica, el grupo francés PSA, presentó un mecanismo similar para suprimir de su plantilla a 461 empleados -nacidos antes de 1960- de su planta en Figueruelas, en Zaragoza. Ibercaja también prevé una reestructuración que le costaría alrededor de 500 empleados, y sería el segundo ERE realizado en tres años, después del despido colectivo de 2017 por el que finalizó el contrato de 590 trabajadores y cerró 140 oficinas. 

A principios de febrero, la compañía de materiales energéticos Maxam planteó el despido de más de 100 trabajadores ante la «dramática» situación de la compañía. Este miércoles, la empresa suiza Schindler cerró el despido de otros 199 trabajadores; y este jueves hizo lo propio Airbus, que eliminará 630 puestos de su plantilla en España en los dos próximos años.