El oasis catalán guarda silencio ante la histórica imputación de un presidente de la Generalitat

«Los miembros de la familia Pujol Ferrusola orquestaron durante años una estrategia para desarrollar distintos negocios, generar réditos, ocultarlos y distribuirlos entre todos para conseguir el lavado de los activos». La contundencia del juez de la Audiencia Nacional José de la Mata sobre «las pautas de actuación» de la familia del ex presidente de la Generalitat, Jordi Pujol, topó con el ninguneo de partidos políticos catalanes, medios de comunicación y del actual inquilino del palacio de la plaza de Sant Jaume, Artur Mas. En el oasis catalán, término que afloró para diferenciar a Cataluña del resto de España ante la primera corrupción del Partido Socialista (PSOE), la histórica imputación de un jefe de gobierno autonómico parecía descontada.  

La jefa de la oposición, Inés Arrimadas (Ciudadanos), prefirió este miércoles tuitear sobre las iniciativas parlamentarias de su formación antes que pronunciarse sobre la decisión judicial. «Las necesidades sociales de los catalanes no pueden esperar más», es el único mensaje que se pudo leer ayer en su perfil, particularmente activo en otras ocasiones. Su jefe, Albert Rivera, también permaneció en silencio. El resto de formaciones, así como los medios de comunicación posicionados a favor del proceso soberanista, siguieron a vueltas con la decisión final de la CUP sobre la investidura de Mas. Las opciones que elegirá el grupo anti sistema el próximo domingo (dos votos a favor, ocho abstenciones; o cinco votos en contra y otros cinco a favor) conforman la noticia política más destacada.  

Investigación de mayor dimensión

Al hecho aceptado de que Cataluña está anestesiada, cabe sumar que la acumulación en la Audiencia Nacional de los procedimientos que se seguían contra la familia Pujol anticipaba la imputación del ex presidente catalán. El elemento sorpresa no existió ayer. Al paso discreto ha contribuido igualmente el cambio de la ley de enjuiciamiento criminal. La nueva norma estipula que a los imputados se les denomine a partir de ahora «investigados», formalismo al que se agarraron los medios públicos catalanes para rebajar el tono de sus noticias. A pesar de los cambios de nomenclatura para una misma situación judicial, la investigación ha adquirido una dimensión mayor. El magistrado rechazó los recursos contra los registros realizados en octubre bajo la operación Hades y confirma las imputaciones de Carles Vilarrubí y Alejandro Guerrero.  

Los empresarios próximos a Convergència, grupo que incluye otros apellidos ilustres como el del clan Sumarroca, habrían inyectado dinero en metálico a los Pujol. El juez centra los hechos en el primogénito, Jordi Pujol Ferrusola, y su ex esposa, Mercé Gironés. Ellos serían los encargados de ejecutar el entramado de blanqueo a través de varias empresas instrumentales con el único objeto de «canalizar capitales de presunto origen criminal para realizar gastos en España y en el extranjero». Se habrían movido al menos 11 millones de euros, que se justificaron con facturas de asesoramiento a empresas cuyo negocio está basado en «concursos, proyectos y licitaciones con el sector público».

El dinero se fondeaba en cuentas numeradas que servían para «la distribución o reparto de cantidades multimillonarias entre todos ellos en función de los ingresos que se recibían», relata De la Mata. Es decir, cada vez que se recibía un abono sospechoso, Pujol Ferrusola ordenaba traspasos a las cuentas andorranas de sus seis hermanos –Oriol, Oleguer, Josep, Pere, Mireia y Marta— y de su madre. Ello apunta a «una organización cuyos perfiles definitivos están aún bajo investigación y pendiente de calificar». La operativa del primogénito, que declarará voluntariamente el 11 de febrero, condujo al juez hasta sus padres.  

«Sosiego» en la familia Pujol

Sobre Jordi Pujol y Marta Ferrusola, De la Mata asegura que no dudaron en usar a sus propios hijos como testaferros. Para sostener la sospecha, el juez destaca la cuenta abierta en Banca Reig. Esta cifrada fue atribuida al hijo mayor del matrimonio, pero la entidad habría enviado a la Audiencia Nacional documentos que acreditan que el «titular real» es el ex presidente catalán. Pujol negó con insistencia disponer de esta u otras cuentas. El relato de la herencia también cae. «No consta ni ha sido acreditada la cantidad del legado»; así que en la Audiencia Nacional atribuyen delitos continuados de blanqueo, posibilidad que no se sostiene para la defensa.

El bufete del letrado barcelonés Cristóbal Martell aseguró que «ni existe ni existirá conexión del patrimonio familiar con el ejercicio desviado de la gestión pública». Añade que el sosiego domina el estado de ánimo de los Pujol. Quizá como los políticos y medios que guardan silencio con la mirada fija en la CUP, ellos también confían en un resultado final favorable.