El ministro Campo divide a los jueces

El ministro de Justicia sorprende y divide a los jueces. Juan Carlos Campo se ha comprometido ante Bruselas a retirar la reforma para rebajar las mayorías exigidas para elegir al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Una decisión tomada a raíz de una videoconferencia con la comisaria y vicepresidenta de la Comisión Europea, Vera Jourova.

La UE devuelve al Gobierno de Pedro Sánchez a la senda del pacto con el Partido Popular, tras avalar la reforma ya aprobada que limita las funciones del CGPJ en funciones. Bruselas exige a los socialistas, grosso modo, alejarse de Podemos y de la reforma que ambas formaciones registraron en el Congreso y que permanece ‘congelada’ desde noviembre.

El anuncio del ministro ha sido bien visto por la mayoría de magistrados que componen el órgano de gobierno de los jueces, que este jueves, precisamente, estudia si darle otro ‘toque’ al Gobierno. El orden del día de este Pleno se cerró la semana pasada, mucho antes del anuncio inesperado de Campo.

Cinco vocales, Ángeles Carmona, Nuria Díaz, Juan Manuel Fernández, Carmen Llombart y Juan Martínez Moya, solicitaron al presidente Carlos Lesmes que se examine la reforma aprobada por el Gobierno y se acuda a la Red Europea de Consejos de Justicia para que «se pronuncie» sobre dicha medida.

Estos magistrados consideran que la modificación de la Ley del Poder Judicial pone en jaque la independencia judicial por restringir unas competencias que la propia Constitución atribuye al CGPJ.

Sin embargo, la comisaria y vicepresidenta europea apuntó que la medida aprobada en sede parlamentaria «parece estar en principio en línea con el Estado de derecho y con los controles y contrapesos en España». Este mensaje ha cambiado el debate en el seno del CGPJ de cara a este jueves.

Algunos magistrados que antes se mostraban a favor, «ahora podrían cambiar su voto al respecto», señalan a ED fuentes internas. En este caso, para pedir este informe, que no sería vinculante pero sí supondría un nuevo toque de atención de los jueces y quizás también desde Bruselas, es necesario que una mayoría de magistrados se muestren a favor en el Pleno.

Dentro de los partidarios explican que hasta el momento el principal órgano de gobierno de los jueces todavía no ha abierto la boca, «ni para bien, ni para mal» sobre la reforma que limita sus funciones y que aprobó el Gobierno sin consultarles. Han sido tres de las cuatro principales asociaciones de jueces, que representan a más de 2.500 magistrados, las que se pronunciaron «y nos instaron a tomar medidas», señalan como argumento para votar a favor.

Las mismas fuentes también explican el argumento de la parte contraria. Varios jueces, tachados en medios de progresistas, critican que se trata de «una decisión importante», ya que podrían seguir la estela de los jueces del Tribunal Supremo de Polonia que solicitaron sanciones para su gobierno pidiendo que se activase el artículo 7 del Tratado de Lisboa.

La actitud moderada de Lesmes

Pero ante este debate que puede resultar más o menos controvertido en el seno del CGPJ este jueves, siempre está la actitud moderada del presidente Carlos Lesmes.

El magistrado quiere analizar primero con sus compañeros el informe que solicitó al gabinete técnico sobre esta norma aprobada por el Gobierno y que limita sus funciones. Lo hará desde su casa y por videoconferencia, ya que se encuentra confinado tras dar positivo en Covid-19 uno de sus hijos.

El documento, entregado a todos los vocales este martes, no entra a valorar el ajuste constitucional de la norma, algo que sí podría realizar la Red Europea de Consejos de Justicia, señala que «sus competencias han de aproximarse a las propias de un Consejo con mandato vigente, estando justificadas sus limitaciones en la medida en que afecten a decisiones de gobierno y de política judicial que condicionen o comprometan las decisiones del nuevo Consejo y dificulten o impidan su revocación por este».

Asimismo, describe que aunque la norma fundamental establece una habilitación legal, y al mismo tiempo una reserva cualificada de ley orgánica, para regular las funciones del órgano de gobierno de los jueces, «esta no puede reducir las que la propia Constitución establece«.

Con todos los pesos y contrapesos, los magistrados reunidos este jueves tendrán que decidir si el propio CGPJ escucha a las tres principales asociaciones de magistrados y decide dar otro ‘toque’ al Gobierno a través de Bruselas o si, por el contrario, el anuncio de buenas intenciones de Campo frena las críticas internas.

Cabe recordar que el anuncio de Campo ha sido rechazado por Unidas Podemos, su socio de Gobierno y de registro de la proposición en el Congreso. Los morados se niegan a retirarla a no ser que los socialistas preparen otra medida de repuesto. Por lo que las buenas intenciones de Campo con Bruselas podrían ser un ‘brindis al sol’ si su socio decide, nuevamente, poner palos en las ruedas.