El magistrado implicado en el ‘caso ITV’, en la picota

El futuro del juez Joaquín Ortiz se decidirá en los próximos diez días. Ese es el plazo que el Tribunal Supremo ha concedido a la Fiscalía para que decida si pide apertura de juicio oral contra el magistrado implicado en una de las ramificaciones del ‘caso ITV’ o de lo contrario solicite el sobreseimiento.

Ortiz, magistrado presidente de la sección 5a de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), está acusado de asesorar a un empresario de la presunta trama corrupta. En concreto, habría prestado sus conocimientos para agilizar y perfilar recursos interpuestos contra la concesión de nuevas estaciones de Inspección Técnica de Vehículos (ITV) durante la época del Govern tripartito, cuando se cambió el modelo del sector, que se encontraban en su propio juzgado.

Vínculo con el sector

En esta pieza de la causa, que ha pasado mucho más inadvertida que las otras dos (la de Oriol Pujol y la de la trama de empresarios corruptos), el magistrado del Supremo Miguel Colmenero ha reunido indicios para demostrar el vínculo entre Ortiz con el empresario del sector Ricard Puignou, titular de la compañía Certio ITV y también imputado.

Así, en su auto, el juez relata como el 17 de diciembre de 2010, Puignou remite al aforado por correo electrónico un borrador de escrito de recurso sobre una adjudicación de estaciones que el propio magistrado debía decidir. Ese mismo día, el empresario recibe respuesta: “He podido leer el escrito y hablar con Romá Miró [letrado que asesoraba Puignou]. Le he dado mi Ok. Confírmale que por vuestra parte puede presentarlo. Ya hablaremos despacio. Un abrazo”.

Efectos

Efectivamente, ese mismo día se interpuso el recurso con el mismo texto, salvo algunas correcciones relativas a la identidad y denominación de la entidad recurrente. El 9 de mayo, Ortiz dictó la medida cautelar solicitada por Certio.

El auto del magistrado Colmenero recoge también otros recursos interpuestos en materia ITV por Ortiz. Estos fueron sus efectos: nulidad de algunos artículos de la Ley catalana de Seguridad Industrial, nulidad del Plan Territorial de nuevas estaciones de ITV 2010-2014, nulidad de convocatorio del concurso público de ese plan, entre otros.

Negociación con la Generalitat

Colmenero también relata como el magistrado se reunió con la directora general del gabinete jurídico de la Generalitat, Margarida Gil, y con la abogada jefe del servicio contencioso administrativo, Assumpta Palau, para solicitar “una jugada global” pactada con la Administración.

Así, la hoja de ruta que establecen es la denegación de las nuevas adjudicaciones, una modificación de la ley y “un gran pacto”.