El líder de Podemos abandona el Gobierno con un nuevo fracaso en la negociación del alquiler

Pablo Iglesias no ha cumplido su promesa. Se ha ido del Gobierno con un nuevo fracaso y sin cerrar la Ley de Vivienda que estos días negocia intensamente con el ministro de Transportes, José Luis Ábalos. Ni Podemos ni el PSOE ceden en sus pretensiones y la reforma ya va con retraso respecto al compromiso de aprobarse en marzo. De hecho, la norma podría retrasarse incluso hasta un mes más, por la campaña de las elecciones autonómicas de Madrid que tendrán lugar el 4 mayo.

En concreto, la negociación en torno al control de los precios del alquiler ha vuelto a hacer encallar las negociaciones. «Se está intentando hasta la extenuación», señalan fuentes moradas. El lunes lo volvieron a intentar los negociadores habituales, esto es, la secretaria de Estado y a partir de este miércoles ministra Ione Belarra, y el secretario general de Vivienda, David Lucas, y el encuentro se volvió a saldar en fracaso.

Desde Unidas Podemos critican que la ley está estancada por «la resistencia por parte el PSOE a cumplir con el acuerdo de Gobierno en lo referente a la regulación del alquiler». Lucas ha mejorado la propuesta que presentó la semana pasada, pero no ha puesto un tope directo a los precios del alquiler para impedir subidas abusivas en zonas especialmente tensionadas, como es el centro de las grandes ciudades. Un requisito imprescindible para los morados.

La propuesta de Ábalos habla de impulsar la vivienda protegida en alquiler a precio limitado y eso es «insuficiente», según Podemos. El PSOE está optando por llevar a la mesa de negociación otras propuestas relativas a la futura norma para tratar de ir cerrando los puntos de la legislación. Los socialistas piensan que la propia inercia de los acuerdos en otros puntos acabaran por desbloquear el asunto de los precios del alquiler.

Los escollos: el tope al alquiler, los incentivos y vivienda vacía

El principal punto discordante durante las negociaciones de estos meses ha sido el control de los precios del alquiler que reclaman desde Unidas Podemos argumentando que este se consensuó en el acuerdo de coalición de Gobierno, si bien dede el ala socialista se han mostrado contrarios al mismo al considerar que podría afectar a la oferta de las zonas no reguladas, y la propuesta ha encontrado el principal rechazo en la vicepresidenta tercera, Nadia Calviño (desde este miércoles, vicepresidenta segunda).

Calviño se ha mostrado en numerosas ocasiones en contra de limitar los precios del alquiler, lo que ha despertado las críticas en el entorno de UP al considerarla «alineada» con la patronal inmobiliaria y los intereses de los fondos del sector. Otra de las principales desavenencias entre las facciones del Ejecutivo en materia de vivienda se ha centrado en las últimas semanas en los incentivos.

Ábalos planteó bonificaciones de hasta el 90% para propietarios que rebajen el precio del alquiler al menos un 10% en zonas tensionadas, pero no fue bien acogida la propuesta en el ala de Unidas Podemos, que rechaza que se tenga que destinar dinero público para que los propietarios abaraten los precios, en vez de fijar un mecanismo que los tope.

Pero, «existen más escollos que el principal que sale en los medios», desvelan desde UP, como, por ejemplo, el mecanismo para sacar vivienda al mercado. Ábalos e Iglesias no se han puesto de acuerdo sobre el tipo de recargo fiscal y su alcance para penalizar la tenencia de vivienda vacía.

El PSOE ha planteado en la última reunión que los ayuntamientos puedan aplicar y modular el recargo del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) a aquellas viviendas vacías durante más de dos años, con un mínimo de cuatro viviendas por propietario, salvo causas justificadas de desocupación temporal, tasadas por la Ley. 

En Podemos ven “capital” el asunto de la movilización de viviendas vacías, ya que calculan que hay 3,4 millones de viviendas vacías, según el INE. En este punto explican que existe un “desacuerdo importante”, aunque se están aproximando las propuestas para establecer algún tipo de recargo fiscal que penalice la tenencia de vivienda vacía, como planteaba Unidas Podemos.

Desde la formación ‘morada’ también abogan por obligar a los grandes tenedores a que destinen el 30% de sus viviendas al alquiler social, así como un nuevo impuesto estatal a la vivienda vacía con un tramo autonómico.

Los últimos ‘guiños’ del PSOE

A pesar de las desavenencias, en el PSOE no desisten y creen que Unidas Podemos finalmente claudicará en sus firmes posiciones y transigirá con algunas de las propuestas de Fomento, que ha realizado varias propuesta en los últimos días para intentar recabar su apoyo.

En concreto, Ábalos aumentó hasta las 100.000 vivienda el objetivo del Plan de viviendas para alquiler asequible, casi la mitad (46.000) por creación directa del Ministerio y el resto (56.000) vía colaboración público privada.

Más allá de los incentivos a propietarios y de la recarga fiscal a las viviendas vacías, también ha propuesto establecer un porcentaje mínimo del 50% para vivienda protegida en alquiler dentro del suelo de reserva para vivienda sujeta a algún régimen de protección pública.

Las mismas fuentes de Unidas Podemos insisten que lo más cerca de llegar a un acuerdo en algún punto es en desahucios, pese a que todavía «faltan flecos por pulir», admiten. El anteproyecto de la nueva Ley de Vivienda previsiblemente asegurará que los Servicios Sociales puedan ofrecer soluciones habitacionales ya sean municipales, autonómicas, las previstas con recursos del Estado o las que puedan acordarse con el resto de administraciones o con el sector privado.

Con su marcha, Iglesias deja en manos del secretario del PCE, Enrique Santiago, las negociaciones. El secretario general del Partido Comunista fue nombrado este martes Secretario de Estado para la Agenda 2030, el puesto que ocupada Ione Belarra, y, por tanto, previsible encargado en este proceso de negociación con el Ministerio de Transportes. «Seguimos dispuestos al diálogo», aseguran desde el entorno de Ábalos.

Tampoco lo ha logrado con la reforma laboral

Junto a la Ley de Vivienda, el otro asunto pendiente que deja Pablo Iglesias en su etapa como vicepresidente es la anunciada y ferviertemente defendida derogación de la reforma laboral del año 2012 del Gobierno de Mariano Rajoy, aspecto que también ha provocado encontronazos entre los dos partidos de la coalición gubernamental.

Aunque en materia laboral en Unidas Podemos festejan haber alcanzado ocho importantes acuerdos, como los referidos al teletrabajo, los ERTE o la regulación de los ‘riders’, ante la marcha de Iglesias han quedado pendientes puntos tan cruciales como la ultraactividad, la subcontratación o la prevalencia de los contratos de empresa sobre los sectoriales, así como la subida del SMI, que ha quedado en el limbo ante la consideración de Calviño de ser mejor esperar a la recuperación para acometer un nuevo alza.

Mientras que Iglesias y Yolanda Díaz han defendido siempre su derogación completa, o al menos de los llamados «aspectos más lesivos» de la norma, recogidos también en el acuerdo de coalición, en el ala más ortodoxa del Ejecutivo, liderada por Calviño, se defiende «no mirar al pasado», sino al futuro y cumplir con las reformas pactadas con la UE, tal y como aboga CEOE.

Y estas dos vertientes son las que está tratando de aglutinar Yolanda Díaz, que en el inicio de la mesa de diálogo de la modernización del mercado laboral ha dado tres meses para consensuar algunos de los puntos más candentes y que considera de mayor urgencia.

Calviño y CEOE urgen a reformar las políticas activas de empleo, reducir la dualidad y limitar a tres el número de contratos (indefinido, temporal y formativo, junto a un cuarto de fijo-discontinuo) , si bien Yolanda Díaz, aunque promete cumplir con las 17 reformas en materia laboral comprometidas con Bruselas, trata de acometer en paralelo el desmontaje de la polémica reforma laboral.

En la primera tanda está previsto que se aborden los temas que quedaron a punto de firma entre Gobierno y sindicatos en la pasada legislatura, que pasan por la recuperación de la negociación colectiva, la prevalencia del convenio sectorial sobre el de empresa, las cláusulas de descuelgue, la recuperación de la prórroga automática de los convenios hasta su renovación (ultraactividad) y la subcontratación.  

El primer borrador con el planteamiento inicial del departamento de Yolanda Díaz pasa por establecer limitaciones a las subcontrataciones, uno de los puntos que genera más rechazo en la CEOE, así como fijar la prevalencia del convenio sectorial sobre el de empresa en varios puntos, según el documento al que ha tenido acceso Economía Digital.

En la segunda etapa se tendrán que tratar temas en los que las posturas aún podrían estar más alejadas, como la temporalidad, los despidos o la flexibilidad interna, que requieren de más tiempo de negociación y probablemente los cambios no llegarán hasta finales de año o 2022. Aunque todo apunta a una gran dificultad para el consenso total.

Está por ver qué puntos logra consensuar Díaz con los agentes sociales y si, en caso de no recabar apoyo total, seguirá adelante con los cambios, ya ahora como vicepresidenta tercera del Gobierno tras la marcha de Pablo Iglesias, quien seguirá muy de cerca los pasos dados en el objetivo de derogar la norma laboral del PP.