El juez rechaza que la Generalitat entre como acusación en el caso Pegasus

El juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama ha rechazado la petición de la Generalitat de Catalunya de personarse como acusación en el causa que investiga el espionaje Pegasus de los teléfonos móviles del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y varios ministros.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 afirma en un auto que no existe «habilitación legislativa específica para que las personas jurídicas públicas», como es el caso de la Generalitat, puedan ejercer la acción popular.

«La falta de legitimación de la Generalitat de Catalunya para personarse en las presentes actuaciones en la referida calidad aparece de forma meridianamente clara», dado que dicha opción tiene que estar recogida en un «concreto precepto de ley», ha indicado el juez.

Asimismo ha añadido, que en lo expuesto con la Fiscalía, «la acción pública para su ejercicio en el procedimiento penal corresponde en exclusiva al Ministerio Fiscal«, según recoge Efe.

Las entidades públicas no pueden ejercer como acusación popular

Para adoptar esta decisión, el juez ha recogido la doctrina del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo al respecto que establece que el sistema general de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim) no permite que las entidades públicas puedan ejercer como acusación popular.

El auto, que puede ser recurrido ante el propio juez y ante la Sala de lo Penal, descarta asimismo que dicha legitimación pueda sustentarse en la normativa autonómica que invoca la Generalitat en su petición ante el juzgado.

Esta investigación se abrió a raíz de una denuncia de la Abogacía del Estado y, aunque en un principio sólo se ceñía a la infección de los teléfonos del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y de la ministra de Defensa, Margarita Robles, la semana pasada el juez extendió la investigación a los ministros del Interior y Agricultura, Fernando Grande-Marlaska y Luis Planas, respectivamente.