El juez que persiguió a Netanyahu lleva a la vieja CiU al banquillo
El magistrado central de instrucción ha convertido el caso Pujol en una gran causa contra el clan familiar, con ramificaciones en la vieja CiU
La intersección judicial entre el PP y el PSOE ha sido siempre el mundo nacionalista. Eso se ejemplificó muy bien el 27 de octubre de 2015, el día en que el juez central de instrucción José de la Mata ordenó la entrada y registro en el domicilio del ex president Jordi Pujol.
Un año y dos meses después, la Audiencia investiga a los Pujol como un clan organizado para delinquir. Hoy mismo, el vicepresidente del FC Barcelona, Carles Vilarrubí, un empresario vinculado al nacionalismo, está citado a declarar por esta causa en la que el magistrado investiga una cuenta en Credit Andorrà abierta en febrero de 1986. Vilarrubí es el titular de esta cuenta relacionada con GVC Grupo de Consejeros, según una información remitida a la Audiencia por el Principado de Andorra.
De la Mata levanta el secreto de sumario que recaía sobre la pieza Comisiones Rogatorias Internacionales Segunda, creada en noviembre de 2015, y acuerda incorporar toda la información a otra pieza separada sobre los datos obtenidos del Principado. La policía registró en octubre de 2015 la vivienda de Vilarrubí, que declaró un mes después en la Audiencia Nacional y fue preguntado por su participación en el restaurante Torre del Remei del cocinero Josep María Boix, que hizo negocios con Jordi Pujol Ferrusola.
José de la Mata, el número cinco de la Audiencia Nacional, sustituyó a Pablo Ruz dispuesto a demostrar que también él es consciente de la sensación generalizada de impunidad que ahoga a España. Desempeña un papel prominente en los intrincados caminos de la jerarquía jurisdiccional, fatalmente marcada por su escasa neutralidad.
Es el juez que vio delito electoral del PP en los Papeles de Bárcenas e incluyó a Netanyahu –acusado en el caso de la flotilla de Gaza- en los ficheros policiales provocando la ira de Israel y el repliegue cobarde de la Fiscalía. Todo acabó cuando los dos jueces recusados de Gürtel, Enrique López y Concepción Espejel, le ordenaron que cancelara los ficheros policiales del primer ministro israelí. Él no dijo ni pío. Y es que, por lo visto, entre una inculpación y un archivo media el tamaño de una toga.
Director general con Zapatero
En el complejo laberinto de las leyes, nadie sabe dónde empieza y dónde acaba el poder de un juez y hasta qué punto el ministro de Justicia, Rafael Catalá, le dicta las decisiones a la Fiscalía General del Estado, la institución que debería ser uno de los pilares de la independencia judicial. De la Mata comenzó señalando a peces gordos y archivando delitos de opinión como en el caso del secesionismo en el Parlament, cuando argumentó que la Constitución «consagra la más alta libertad para la expresión». Escribe mucho y habla poco. Si algo aparece en los medios es porque antes se ha ganado el jornal redactando un auto. Por la puerta de Génova entra todo lo que tiene envergadura: terrorismo, crímenes contra la humanidad, delitos económicos, corrupción o crimen organizado.
De la Mata fue director general de Justicia en la época de Rodríguez zapatero, y un tiempo después accedió al Constitucional de la mano de García Calvo, un juez conservador. Su visión progresista no se concreta en militancia de partido. El juez central no se casa fácilmente y es partidario de la justicia universal, como se vio en el caso del asesinato del diplomático español Carmelo Soria a manos de la policía política del dictador chileno Pinochet; un asunto que entró en la sala con la ayuda de Joan Garcés. El magistrado solicitó entonces el principio aut dedere aut judicare (extraditar o juzgar), pero fue en vano. También entró en Guantánamo, la escenificación de la barbarie, hasta chocar con la lógica de los estados que blindan sus zonas oscuras. Y confirmó la corrupción sistémica del PP en Gürtel al comprobar que Francisco Correa ocultaba su patrimonio en Panamá con la ayuda de los abogados pillados en las polémicas ‘escuchas’ que le costaron el puesto a Garzón.
Desde el Gobierno, a De la Mata se le señala por sus dos años como alto cargo socialista, lo que resulta paradójico si tenemos en cuenta que por el lado conservador sobresale el magistrado con mayor rango, Carlos Lesmes, el actual presidente del Supremo y del CGPJ, que fue director general de Justicia con Aznar en dos legislaturas. Las sombras del bipartidismo se desparraman por salas y audiencias. La bicefalia judicial está aún muy viva y parece tener en el soberanismo catalán un punto de encuentro, una especie de enemigo común, que tapa las vergüenzas de PP y PSOE. Hoy, en la Audiencia, se le pide declaración a Carles Vilarrubí, el actual vice presidente de Rotchild España, un hombre que desempeño altos cargos en la Generalitat del president Pujol.
