El juez imputa a cuatro exconsellers de CDC en el caso del 3%
La Audiencia Nacional cita como investigados a Jordi Jané, Felipe Puig, Irene Rigau y Pere Macías, además de otros ocho ex altos cargos de la formación
El juez de la Audencia Nacional, José de la Mata, responsable del caso del 3% de CDC, ha citado como investigados a los exconsellers Jordi Jané, Felipe Puig, Irene Rigau y Pere Macias, que se encuentran acusados de facilitar el blanqueo de comisiones pagadas por empresarios a la formación soberanista.
Según el auto, se ha acordado una pieza separada para la investigación de los cuatro políticos además de otros ocho antiguos cargos de CDC.
De la Mata sostiene que hay indicios suficientes de que las donaciones aportadas entre los años 2009 y 2010 fueron «actos de afloramiento de dinero procedente de delito» y estaría «realizado por personas próximas a CDC» unos hechos que podrían tipificarse como blanqueo de capitales.
Se señala además que estos siguieron «el plan superior trazado por jerarcas del partido». Entre los imputados se encuentran además el exalcalde de Lloret de Mar (Girona), Xavier Crespo; la exsenadora Montserrat Candini; el exalcalde de Sallent (Barcelona), Jordi Moltó o los exdiputados Gloròria Renom y Víctor Vila.
Asimismo, otro de los investigados será Marc Guerrero, miembro del Partido Liberal Demócrata Europeo, el mismo grupo al que pertenece el expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont. Guerrero fue, además, uno de los impulsores de la Crida Nacional. También tendrá que declarar el expresidente de Cesicat, el Centro de Seguridad de la Información del Govern, Carles Flamerich.
Las donaciones presuntamente ilícitas son, para el juez, de una «sorprendente homogeneidad», aunque «no son aparentemente cuotas de afiliados». El motivo reside en la cuantía de los pagos «es a todas luces excesivo para tal concepto», así como para otras aportaciones ni tampoco a alguna campaña de donaciones promovida por CDC.
Una «estructura» para financiar ilegalmente CDC
Según refleja el juez De la Mata en el auto, existen suficientes indicios de que «altos cargos de CDC, en connivencia con otros cargos y funcionarios públicos» de la Generalitat, «pusieron en marcha una estructura para financiar ilegalmente a ese partido».
Esta estructura no se formó «de manera manual», sino que responde a una «estrategia cuidadosamente planificada» y liderada por «varias personas que se ocupaban de implementar» las directrices acordadas por los líderes. De esta forma se podían «distribuir los fondos ilícitos obtenidos».
