El juez del ‘caso Voloh’ investiga si David Madí (CDC) cobró comisiones ilegales
El Juez Aguirre sospecha que quien fue la mano derecha de Artur Mas podría haber estado participando en negociaciones con la Generalitat bajo el papel de grupo de interés sin estar registrado como tal
El juez del ‘caso Voloh’, Joaquín Aguirre, que investiga la presunta corrupción y financiación ilegal del ‘procés’, ha reactivado el caso para descubrir si el empresario y exdirigente de Convergència Democràtica (CDC) David Madí cobró comisiones «por actos presuntamente ilícitos».
Las sospechas del juez, según avanza El Periódico, radican en que el nombre de Madí no figura como lobista en el proceso de negociación que mantuvo la Generalitat de Catalunya con compañías del sector de las VTC, unas negociaciones en las que tomó parte «acompañando» a la empresa Mov (Uber).
No obstante, Madí aseguró, durante el juicio del caso Voloh, que él aparecía registrado como lobbista ante la Generalitat y «por este motivo estaba autorizado a realizar dichas visitas» que reunían sectores empresariales con la Generalitat en distintas negociaciones. Al respecto, Madí se ha excusado diciendo que en ese caso, solo «acompañó» a su cliente (Uber) y que «no sabía» si se había inscrito este encuentro «oficial» con la Generalitat.
Además, ha negado que afirmara en su momento que estaba registrado como lobbista y que estaba autorizado a llevar a cabo dichas visitas. Precisamente, una de las tramas que la Justicia anda investigando relacionada con el caso Voloh está relacionada con el sector de las VTC.
El juez Aguirre apunta en su auto que Madí no aportó en ningún momento ningún tipo de documentación, por lo que «sólo por este motivo existiría causa suficiente para poder dictar auto de procedimiento abreviado contra él por el delito de tráfico de influencias».
Y es que Madí consta como grupo de interés o ‘lobbista’ en la compañía de Aigües de Catalunya, empresa de la que es presidente. Además, el juez tiene constancia de hasta 9 visitas de Madí a la Generalitat y ahora quiere comprobar si dichas visitas están justificadas dentro del interés que este pudiera tener como presidente de Aigües de Catalunya, pues al no constar como grupo de interés por otra empresa, está inhabilitado para ejercer cualquier tipo de función o negociación por otra compañía o sector. «Incluso tratándose de aguas, el objeto de la visita debe coincidir con la actividad constatada por la Guardia Civil», matiza el auto.