El juez del caso Pegasus acepta que una acusación popular interrogue a Bolaños

El juez de la Audiencia Nacional que investiga el presunto espionaje a través del programa Pegasus a los teléfonos móviles del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a los ministros de Defensa e Interior, Margarita Robles y Fernando Grande-Marlaska, ha admitido la personación de la Asociación de Juristas Europeos Prolege como acusación popular.

El titular del Juzgado Central de Instrucción Número 4, José Luis Calama, ha aceptado la petición de la asociación después del pago de 10.000 euros en concepto de fianza y con el fin de evitar el abuso o uso fraudulento de la figura procesal de la acusación, según un auto al que ha tenido acceso Europa Press. Los abogados de esta asociación podrán estar presentes en la declaración del ministro de Presidencia Félix Bolaños, que será el próximo 5 de julio.

Será la primera acusación popular dentro de la causa

El magistrado rechazó el pasado mes de mayo hasta en dos ocasiones admitir la personación de la Generalitat de Cataluña bajo la misma figura por falta de legitimación. Y lo hizo, según explicaba, en tanto que no hay habilitación legislativa específica para que las personas jurídicas públicas, como es el caso de la Generalitat, pudieran ejercer la acusación.

La Fiscalía, por su parte, no se opuso a admitir la personación si Prolege cumplía dos criterios: la interposición de querella y el pago de la referida cantidad. Sin embargo, el magistrado, después de analizar doctrina del Tribunal Supremo, concluye que el primer extremo no es necesario.

«Si bien la formulación de querella no debería constituir una especial dificultad para quien ha de actuar en el proceso con asistencia de abogado, siguiendo la expresada interpretación amplia, el requisito en cuestión ha de entenderse como no necesario habida cuenta de que las actuaciones, si bien en un estado muy embrionario, se encuentran ya en trámite«, ha argumentado el juez.

Respecto a la fianza, el magistrado entiende que la fijación de la cantidad de 10.000 euros «resulta asequible, moderada, y ajustada a la naturaleza y relevancia de los hechos investigados en las presentes actuaciones». Especialmente, apunta, en tanto que busca evitar «acusaciones infundadas» o la utilización de la acusación popular «con fines espurios».

Descubrimiento y revelación de secretos

Calama empezó a investigar el 26 de abril, apuntando a posibles delitos de descubrimiento y revelación de secretos, tras la denuncia presentada por la Abogacía del Estado por la infección de los móviles del presidente del Gobierno y la ministra de Defensa, una denuncia que fue ampliada posteriormente tras confirmarse también la intrusión en el teléfono de Grande-Marlaska.

En esa primera resolución, el instructor aportó detalles sobre la denuncia inicial presentada por la Abogacía del Estado, según la cual, tras el análisis de los dispositivos móviles del jefe del Ejecutivo y de la titular de Defensa realizados por el CERT el 30 de abril, «se ha tenido conocimiento de que los mismos fueron objeto de varias infecciones por la herramienta Pegasus, ‘software’ espía de dispositivos móviles, entre los meses de mayo y junio de 2021″.

Los informes del Centro Criptológico Nacional sobre los móviles de Sánchez y Robles ponían de relieve que «el dispositivo móvil del presidente del Gobierno analizado fue infectado por Pegasus en dos ocasiones (el 19 de mayo de 2021 y el 31 de mayo de 2021)», mientras que el de Robles habría sido infectado en junio de ese año.

En ambos casos, recogía Calama, los informes fijaban que «se produjo exfiltración de información», pero actualmente ninguno de los dos teléfonos presenta «indicadores conocidos de infección en curso de Pegasus».

Tensiones con Marruecos

La primera de las intrusiones en el móvil de Sánchez se habría producido en el contexto de la entrada masiva de unos 10.000 inmigrantes en Ceuta entre el 17 y 18 de mayo de 2021 que precisamente llevó a Sánchez a visitar este segundo día la ciudad autónoma, así como Melilla, con el ministro de Interior.

Además, el 18 de mayo fue cuando Marruecos llamó a consultas a su embajadora en Madrid, Karima Benyaicha, la que se había convocado en Exteriores para protestar por los acontecimientos en Ceuta. El mismo día 19, Sánchez estaba en una sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados.

La segunda habría tenido lugar cuando el presidente del Gobierno se encontraba con el primer ministro de Polonia, Mateusz Morawiecki, en Alcalá de Henares con motivo de la XIII Cumbre Hispano-Polaca. Ese día, Marruecos publicó un comunicado en el que indicó que la crisis diplomática estaba motivada por la postura del Gobierno respecto al Sáhara, no por la acogida del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali.

Precisamente, este último declaró el 1 de junio de 2021 como imputado ante el juez Santiago Pedraz en la Audiencia Nacional por la querella presentada por la Asociación Saharaui para la Defensa de los Derechos Humanos (ASADEH) por genocidio y horas más tarde voló de regreso a Argelia.

En cuanto al teléfono móvil del ministro de Interior, el Gobierno informó después de que Grande-Marlaska sufrió dos ataques en el mismo junio de 2021. En el primero de ellos le fueron sustraídos 4 megas y en el segundo un volumen mucho más importante de información, 6,3 gigas.

El análisis de los terminales de otros miembros del Gobierno también pudo determinar un intento de infección del teléfono del titular Agricultura, Luis Planas, que resultó fallido, y se produjo igualmente en junio del pasado año.