El juez apunta contra Iglesias por la destrucción de la tarjeta del ‘caso Dina’
Manuel García Castellón señala a Pablo Iglesias por el presunto borrado de información del móvil de su exasesora: "Es la única explicación posible"
El juez instructor del ‘caso Dina’, Manuel García Castellón, ha solicitado a los investigadores policiales que sometan la tarjeta de memoria de la exasesora de Pablo Iglesias a un análisis pericial profundo para conocer exactamente qué ocurrió con su contenido. La principal hipótesis del magistrado es que la información de su interior fue dañada mientras estaba en posesión del exvicepresidente.
El juez de la Audiencia Nacional ha rechazado el último recurso presentado por Dina Bousselham y ha reforzado su argumento de que «la única explicación posible» sobre el borrado de la información es que se produjera cuando estaba en poder del que fuera el líder de Unidas Podemos. «No consta que nadie más entrara en posesión de la tarjeta», reza el texto, según ha publicado El Mundo.
La causa se encuentra en una fase de instrucción y hasta la fecha Castellón ha rechazado todas las peticiones para imputar oficialmente a Iglesias, a la espera de que el análisis pericial arroje algo más de luz a los hechos.
El juez ha apuntado directamente contra él como presunto implicado: «Desde la provisionalidad del momento procesal en el que nos encontramos, es posible sostener la participación», ha justificado.
La investigación se centra en el robo y la difusión de información personal del móvil de la exasesora del partido Dina Bousselham. El juez instructor ya propuso al Tribunal Supremo que investigase al exvicepresidente del Gobierno por su supuesta participación en los hechos.
Sin embargo, la sala de lo penal rechazó la idea al no constatar ningún delito consistente y devolvió la pelota a la Audiencia Nacional para que completase la investigación.
La investigación se demora por la dificultad para analizar los daños informáticos
La instrucción sigue analizando las pesquisas para determinar si Iglesias incurrió en delitos como descubrimiento y revelación de secretos, daños informáticos o denuncia falsa, aunque nunca se ha formalizado una imputación.
El punto clave se encuentra ahora en las pruebas de carácter informático que están realizando los técnicos de la Policía Nacional y que se han ido demorando por su complejidad.
La causa tiene su origen en unos archivos encontrados durante el registro del domicilio del excomisario José Manuel Villarejo en noviembre de 2017, en el que se detectó información personal de la que fuera asesora de Iglesias, así como datos sensibles de la formación morada.
