El juez abre juicio oral contra Rato por delitos fiscales, blanqueo y corrupción
El magistrado sienta en el banquillo al exvicepresidente popular del Gobierno en la causa que investiga su patrimonio
El exvicepresidente del Gobierno, Rodrigo Rato, tras su salida de prisión en Soto del Real. EFE/Rodrigo Jiménez
Rodrigo Rato volverá a pasar por un banquillo. El juzgado de instrucción ha decidido abrir juicio oral contra el exvicepresidente del Gobierno del Partido Popular en la causa que analiza el presunto origen ilícito de su patrimonio personal. El magistrado le atribuye delitos contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales y corrupción.
El juez instructor Antonio Serrano-Arnal ha decidido imputar al exdirigente popular por tres de los delitos que exigía la Fiscalía, pero ha rechazado abrir juicio oral por falsedad continuada e insolvencia punible, lo que reducirá el posible impacto final de una sentencia condenadotoria, si llega a producirse. Eso sí, le ha solicitado una fianza de 65,1 millones de euros para garantizar la posible responsabilidad civil derivada del proceso.
La Fiscalía Anticorrupción solicita casi 70 años de prisión para que que fuera titular de Economía durante el Gobierno de José María Aznar. El ministerio público le acusa de defraudar presuntamente más de 8,5 millones de euros a través de un entramado de sociedades adscritas en diferentes paraísos fiscales.
El juzgado de instrucción también ha abierto juicio oral contra otras 17 personas físicas y jurídicas que participaron presuntamente en esta trama de diferentes maneras, desde la concesión de mordidas a través de subvenciones hasta la arquitectura empresarial para el blanqueo del dinero.
El juez instructor ha dedicado seis años a armar la acusación
La apertura de juicio oral es el resultado de cerca de seis años de investigaciones, en las que los instructores han indagado en la presunta red de empresas que permitieron a Rato elevar su patrimonio personal. «Nos encontramos ante unas importantes cantidades de dinero en sociedades opacas sustentadas por testaferros y radicadas en territorios clasificados como paraísos fiscales«, concluyó el magistrado en su auto.
El juez estima que Rato utilizó una serie de sociedades pantallas radicadas en territorios como Irlanda o Panamá para introducir el dinero en España entre los años 2005 y 2015. “Desde el año 1999 el investigado mantenía el control de tres sociedades en el extranjero, las que eran depositarias de elevadas sumas de dinero y activos financieros”, reza el auto.
La investigación también analiza el punto inicial de una parte de ese dinero que presuntamente se encuentra en el pago de comisiones irregulares desde Bankia, cuando Rato ejercía como presidente de la entidad bancaria. La investigación se centra en los contratos publicitarios que se adjudicaron a Zenith y Publicis, pero cuyas facturas presuntamente no se corresponden con los trabajos reales realizados.
Bankia contrató a las dos empresas de comunicación a cambio de una comisión de más de dos millones de euros. El juez instructor estima que 835.000 euros terminaron supuestamente en la empresa Kradonara, controlada por el propio Rato.
