El ‘jefe’ de los alcaldes independentistas, reprendido por los sueldos de su equipo municipal

Una sentencia del juzgado contencioso-administrativo número 2 de Tarragona castiga el Ayuntamiento de Deltebre, población de la comarca del Baix Ebre, por un tema vinculado a la dedicación de ocho de los once regidores del equipo de gobierno, formado exclusivamente por Enlairem Deltebre (Una marca blanca del PDeCAT). El alcalde de la localidad es Lluís Soler, también máximo dirigente de la independentista Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM) y miembro con peso en la estructura de los neoconvergentes.

En el inicio de la legislatura, el 4 de julio de 2019, el pleno municipal de localidad del sur de Catalunya aprobó la dedicación parcial del 95% a parte del equipo de gobierno. Desde la oposición, ERC llevó el asunto a los tribunales, con una denuncia presentada en febrero del 2020 y que ha dado origen a la sentencia. Antes, los republicanos intentaron agotar todas las vías administrativas en la órbita del consistorio.

La justicia refuerza su argumentario contra la actuación del gobierno municipal de Deltebre, a partir de la jurisprudencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Un órgano judicial que analizó el caso de una población de 1.000 habitantes, en la que se fijó una dedicación parcial del 90% para un tercer teniente de alcalde. El tribunal entendió que en los municipios pequeños, la legislación puede contemplar excepciones, pero «a la práctica un 90% es una dedicación exclusiva«.

La justicia acredita un «fraude de ley»

Joan Alginet, portavoz de ERC en Deltebre, entiende que los tribunales han dictaminado que la distribución de las dedicaciones hechas por el consistorio «se han hecho en base a un fraude de ley». La sentencia también corrige otro acuerdo del gobierno liderado por Soler a la hora de establecer los importes máximos que pueden recibir los cargos por asistencia a organismos colegiados del ayuntamiento en bruto: Alcaldía (19.600 euros), teniente de alcalde (29.600 euros), regidores y regidoras con funciones delegadas (24.600 euros), portavoces de grupos (3.400 euros) y regidores sin funciones delegadas (2.200 euros). El sueldo (79.000 euros) del alcalde independentista va a cargo de la ACM.

Los cálculos de Alginet apuntan que el hecho que el alcalde «tenga una asignación menor por asistencias a un órgano colegiado que los regidores que también asisten con competencias delegadas por él mismo, se puede entender como un encubrimiento de dedicación exclusiva». ERC ha pedido al Ayuntamiento de Deltebre que acate la sentencia y no alargue el proceso en una instancia superior.

El ayuntamiento defiende que las dedicaciones «se inspiran en otras administraciones locales

El ayuntamiento de Deltebre ha comunicado que estudia la viabilidad de presentar un recurso en los próximos días. El alcalde y sus compañeros del ejecutivo local esquivan las críticas alegando que las dedicaciones «se inspiran en acuerdos de otras administraciones locales de referencia con estructuras parecidas, de forma que no nos hemos inventado nada».

Lluís Soler, presidente de la ACM y agarrado a la política institucional desde su juventud

Nacido en las Terres de l’Ebre en el año 1983, Lluís Soler fue investido alcalde en junio del año 2019. Lleva vinculado quince años a la política institucional. Desde el 2007, Soler ha pasado por organismos locales y supramunicipales como el Consell Comarcal del Baix Ebre, la Diputació de Tarragona y regidor de la oposición en Deltebre. Uno de los puntos culminantes de su carrera llegó en septiembre del 2019 con su llegada a la presidencia de la Associació Catalana de Municipis i Comarques.

A primera vista, la entidad municipalista, fundada en 1981, se presenta como una defensora de los intereses del mundo local y proveedora de servicios para ayuntamientos. Más allá de esta voluntad, la ACM ha sido protagonista en los últimos años por su posición favorable al independentismo. De hecho, en octubre de 2019, la Policia Nacional registró la sede de la Associació en búsqueda de un presunto desvío de dinero para el Procés.

Otro dato destacable de la Associació Catalana de Municipis es su predisposición a recolocar dirigentes políticos que han perdido su cargo público. El caso más mediático y notorio de los últimos años es el de Joana Ortega. La exvicepresidenta de la Generalitat, en la etapa de Artur Mas, fue inhabilitada de cargo público por la consulta del 9-N. Después de intentar esquivar su condena con un cargo de asesora de la consejería de Empresa, entre mayo y octubre del 2019, Ortega encontró acomodo como secretaria general de la ACM con un sueldo anual bruto de 88.000 euros.