El jefe de la oficina de Puigdemont, imputado por malversación
La Justicia catalana cita al historiador Josep Lluís Alay por un viaje a Nueva Caledonia presuntamente financiado con fondos de la Generalitat
El Juzgado de Instrucción número 28 de Barcelona ha citado este miércoles a declarar como investigado al historiador Josep Lluís Alay, jefe de la oficina del expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont. El motivo reside en un posible delito de malversación de caudales por un viaje al referéndum de Nueva Caledonia, celebrado hace dos años, y que habría sido sufragado con fondos públicos.
Según fuentes jurídicas recogidas por la agencia Efe, Alay tendrá que comparecer el próximo 15 de abril. Lo hará acompañado de la secretaria general de Presidencia, Meritxell Masó, que también será investigada por haber autorizado presuntamente los pagos.
La Fiscalía los acusa, además de un delito de malversación, de otro de prevaricación, por los 4.580 euros que pagó la Generalitat por el viaje. Alay asistió al proceso soberanista de Nueva Caledonia, que votó en 2018 para independizarse de Francia (y cuyo resultado fue contrario a la secesión).
Alay es uno de los hombres más cercanos a Puigdemont. En marzo de 2018 acompañaba al expresident cuando fue detenido en Alemania. Un episodio por el que ya fue investigado por la Audiencia Nacional, que finalmente acabó archivando el caso. Ahora dirige la oficina del líder independentista gracias a una ley aprobada en 2003 por la Generalitat que regula el régimen estatutario de sus expresidentes.
La oficina de Puigdemont se «excedió» en sus funciones
Siguiendo la querella presentada por el ministerio público, Alay terminó «abusando» de su condición como responsable de la oficina; al tiempo que «se excedió» en sus funciones. También considera que se «apartó» de sus obligaciones, estas son, servir a los intereses generales. El motivo que señala la Fiscalía es que tenía el objetivo de logar un «enriquecimiento ilícito».
En concreto, la denuncia sostiene que gracias a la autorización «manifiestamente arbitraria e injusta» de Masó, la Generalitat se hizo cargo de los gastos del viaje. A pesar de que esa actividad no estaba atribuida a la oficina de Puigdemont.
La Fiscalía añade que Alay usó su cuenta de Twitter durante su viaje para hacer «comentarios particulares» sobre su estancia. Por contra, la oficina de Puigdemont sostiene que Alay fue invitado por el Frente de Liberación Nacional Canaco Socialista, erigida como la fuerza independentista de la isla.
La Fiscalía también atribuye a Alay otros gastos públicos que presuntamente no estarían justificados. Estos serían 11 euros de un peaje para ir a la cárcel de Lledoners, donde se encuentran los líderes independentistas condenados en el juicio al ‘procés’.
