El ‘IVA sanitario’ obligará a las autonomías a reducir el material hospitalario
Hacienda negocia con Europa para limitar la lista de artículos afectados
El IVA sanitario obligará a reducir el material hospitalario en los centros públicos. Las comunidades autónomas –principales prestatarias del servicio– deberán pagar hasta 800 millones de euros más al año cuando compren escáneres, aparatos de rayos X, vendas, tiritas, jeringas, protectores, termómetros clínicos, guantes estériles…
La lista incluye buena parte de los productos que necesitan los pacientes en sus tratamientos. La abrupta subida del impuesto, y por lo tanto del coste, debilita aún más el servicio público, que se enfrenta a una suerte de nuevo recorte presupuestario. El gobierno español ha entablado conversaciones con la Comisión Europea (CE) para reducir el número de referencias afectadas y amortiguar, de esta manera, el impacto.
La sentencia
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (UE) ha emitido una sentencia que obliga a España a incrementar el IVA del 10% actual al 21% para este tipo de artículos. La resolución afecta especialmente a las autonomías, que representan al 80% de los clientes habituales de esta industria.
Fuentes de la Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria (Fenin) apuntan que la facturación del sector es de 7.700 millones de euros y sobre esta cantidad, se pagaban 770 millones por IVA. Ahora, con el incremento en 11 puntos, la cifra se dispara hasta 1.600 millones. Por ello, los gobiernos autonómicos verán reducida la capacidad de compra.
Artículos afectados
La lista de productos incluidos en el nuevo IVA es extensa: desde las sillas de ruedas, hasta los escáneres y los TAC que utilizan los hospitales. Pero también afecta a los pacientes de la sanidad privada. Se encarecen desde gafas y audífonos, hasta implantes y prótesis de traumatología, cardiología u oftalmología. Tan sólo se libran de pagar el 21% aquellas personas que demuestren una minusvalía igual o superior al 30%, tal y como recoge la legislación vigente.
Fenin asegura que han luchado con uñas y dientes junto con al Gobierno para evitar la aplicación del nuevo IVA. Afirma que el sector se enfrenta a una subida del 300% del tipo impositivo en los últimos dos años.
“Esta sentencia rompe el principio de equidad entre ciudadanos”, además de representar dificultades para el acceso de los pacientes a estos productos, apunta la federación. Teme que se agrave la situación de endeudamiento de las comunidades autónomas en el sector de la tecnología sanitaria, que en estos momentos asciende a 3.000 millones.
Negociación con Europa
Por su parte, fuentes del Ministerio de Hacienda han asegurado que la sentencia es de obligado cumplimiento pero no requiere una aplicación inmediata. El incremento impositivo se podría dar en un plazo de uno, dos o tres meses. En este periodo deberían desarrollarse las negociaciones para reducir la lista de material encarecido.
El Gobierno ha destacado en reiteradas ocasiones que los fármacos no verán incrementado el precio, ya que mantendrán el tipo superreducido del 4%. El fallo del Alto Tribunal obliga a modificar la ley para aplicar el nuevo IVA, una adaptación parlamentaria que todavía no tiene fecha determinada.
Antecedentes
La sentencia hecha pública por la UE tiene su origen en un procedimiento de infracción que la CE inició en marzo de 2010. Después, se publicó una carta de emplazamiento para adaptar la ley a la normativa europea, a la que le siguió un dictamen en noviembre y la posterior interposición de una demanda en junio de 2011 que ha acabado este jueves con el fallo del tribunal.
