El interventor municipal ya advirtió a Colau sobre la adjudicación de subvenciones en 2016
La alcaldesa de Barcelona recibió un aviso por recurrir a las ayudas de carácter excepcional para financiar el Observatorio DESC, a pesar de que se entregaban de forma sistemática cada año
La Fiscalía acordó este martes investigar a Ada Colau por la presunta concesión irregular de subvenciones en el Ayuntamiento de Barcelona. Sin embargo, la alcaldesa llevaba cinco años sobre aviso, haciendo caso omiso a las advertencias. El interventor municipal ya mostró en un informe a finales de 2016 sus discrepancias sobre los mecanismos diseñados por el equipo de gobierno municipal para entregar las ayudas, sin pasar todos los cauces necesarios.
El documento, emitido el 21 de diciembre de 2016, ponía en duda la legalidad de la entrega de más de 336.000 euros al Observatorio DESC, una de las ONG que está bajo la lupa de la Fiscalía en su investigación. El equipo de intervención subrayó entonces que se estaba utilizando el sistema de subvenciones de carácter excepcional para entregar las ayudas, a pesar de que era una subvención que se venía repitiendo cada año. «No parece justificado«, rezaba el documento, publicado por El Mundo.
«Las subvenciones directas pueden concederse con carácter excepcional cuando se acrediten razones de interés público, social, económico o humanitario, u otras debidamente justificadas que dificulten su convocatoria pública», indicaron los funcionarios del Ayuntamiento de Barcelona.
El documento que avisaba sobre estas prácticas a la alcaldesa tira por tierra algunas de sus explicaciones de los últimos días, en las que ha insistido en que todos los procedimiento estaban avalados legalmente. «Todas las subvenciones que se dan tienen los informes jurídicos y de intervenciones favorables», justificó la primera edil en una entrevista en RAC1. Colau se ha mostrado a favor de colaborar con la Justicia, pero ha achacado la denuncia a una estrategia política.
“No tenemos nada que esconder”
El informe de intervención defiende la tesis de la denuncia
El contenido del informe defiende la tesis de la denuncia presentada por los Abogados Catalanes por la Constitución, que alertaron de que el equipo de Ada Colau había abusado durante su mandato de la designación directa de ayudas públicas, impidiendo «cualquier principio de concurrencia pública» para el resto de organizaciones sociales que aspiran a una subvención.
Además del Observatorio DESC, la Fiscalía también se ha mostrado a favor de investigar las ayudas concedidas por el Ayuntamiento de Barcelona a la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), la organización social en la que Ada Colau se convirtió en un perfil mediático, antes de dar el salto definitivo a la política institucional. La Alianza contra la Pobreza Energética (APE) o Ingenieros sin Fronteras (ESF) también están bajo la lupa.
En total, los fiscales deberán analizar la entrega de más de 3,4 millones de euros en ayudas públicas desde el Ayuntamiento de Barcelona a diferentes organizaciones y colectivos con los que los miembros del equipo de gobierno compartían lazos emocionales o laborales. Los Abogados Catalanes por la Constitución consideran que se ha incurrido en los delitos de prevaricación, fraude en la contratación, malversación de caudales públicos o tráfico de influencias.