El ingreso mínimo vital nace con distinciones por autonomías

El Gobierno estudiará, a partir de 2021, establecer convenios con comunidades autónomas para que gestionen la prestación del Ingreso Mínimo Vital (IMV), según publica este lunes por el Boletín Oficial del Estado (BOE), después de alcanzar un acuerdo para que el País Vasco y Navarra lo gestionen directamente. Según el Ejecutivo, otras autonomías no cumplen los requisitos suficientes, pero también podría ser una estrategia de negociación de cara al próximo año. 

El real decreto-ley también detalla la concesión de crédito extraordinario en el presupuesto del Ministerio de Inclusión por 500 millones para financiar esta medida en 2020.

En una entrevista en la COPE, que recoge EFE, Escrivá ha subrayado que Navarra y País Vasco ya podrán gestionar esta nueva prestación, pero que para el resto de autonomías «se abre la posibilidad a un arreglo posterior», porque en estos momentos «hemos priorizado ser lo más eficaces posibles» y «algunas autonomías no han demostrado serlo» con prestaciones similares.

«Sin perjuicio de los mecanismos de colaboración a los que se refiere el artículo 31 de este real decreto-ley, el Gobierno estudiará a partir de 2021 la celebración de convenios con comunidades autónomas que contemplen fórmulas de gestión de la prestación del ingreso mínimo vital», recoge el BOE.

La norma también recoge la creación de una comisión de seguimiento del Ingreso Mínimo Vital como órgano de cooperación administrativa para el seguimiento de la aplicación del contenido de este real decreto-ley y de un consejo consultivo sobre la medida.

El IMV garantizará a los hogares españoles una renta mínima de 10.070 euros de media al año (839,2 euros al mes), aunque la cuantía dependerá del número de miembros de la familia, con lo que partirá de 461,5 euros al mes para un solo adulto hasta 1.015,3 euros para familias de al menos cinco personas.

El coste anual previsto para esta nueva prestación no contributiva de la Seguridad Social es de 3.000 millones de euros anuales, con los que se quiere llegar a unos 850.000 hogares en los que viven aproximadamente 2,3 millones de personas, de los que el 30% son menores.