El independentismo planea usar a los profesores como escudo para desafiar la sentencia lingüística

Los independentistas han hecho de la escuela monolingüe su nuevo caballo de batalla. Aunque la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha obligado a los colegios a impartir un mínimo del 25% en castellano, la Generalitat y las entidades nacionalistas buscan crear un frente que involucre a toda la comunidad educativa, también al profesorado.

La Generalitat prepara una gran cumbre para este jueves 16 de noviembre, donde espera que la comunidad educativa cierre filas con el modelo que relega al castellano a una asignatura más, y que se materializará con una manifestación unitaria el sábado 18 de diciembre que contará con las ausencias de PP, CS, Vox y, pese a las dudas iniciales, también del PSC.

La portavoz del Govern, Patricia Plaja, ha defendido este martes tras el Consell Executiu que la gran cumbre «entre fuerzas parlamentarias y entidades sociales y culturales» tendrá un claro objetivo: «Dar respuesta a la sentencia del Tribunal Supremo y cómo promocionar el catalán en la escuela».

Una promoción que se traduce en mayor control sobre el uso de las lenguas en los colegios. Un consenso que se materializará a través del llamado Pacto Nacional por la Lengua, y que irá acompañado de medidas como la delación a profesores, el espionaje en las aulas, la realización de encuestas a niños sin permiso paterno o la desobediencia para mantener la inmersión.

Los sindicatos de profesores llaman a manifestarse a favor de la inmersión

Las llamadas a los docentes para que se opongan a la introducción del castellano son claras. A través de las principales organizaciones sindicales –la nacionalista USTEC, y también las sectoriales educativas de CCOO y UGT– se les interpela directamente a que participen en los actos de rechazo a la inmersión lingüística del 18 de diciembre.

USTEC, el sindicato mayoritario de profesores, publicó un manifiesto hace unas semanas de defensa a la inmersión lingüística de la mano del Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans (SEPC) –el brazo universitario de la CUP– y de Plataforma per la Llengua, la llamada ‘ONG del catalán’ que espió a los niños en los colegios para controlar la lengua en la que hablaban.

«El país necesita una estrategia consensuada del Govern con la sociedad y la comunidad educativa. Quien no sea capaz de mantenerse firme a la hora de alcanzar los objetivos mencionados y de aplicar las medidas necesarias, es necesario que se aparte inmediatamente de la representatividad gubernamental», recogía el texto de repulsa a la sentencia de la inmersión.

Todas estas acciones coordinadas se aglutinan a través de la plataforma educativa Som Escola, estrechamente vinculada a Òmnium Cultural y de la que los tres sindicatos antes mencionados forman parte. La entidad se ha reactivado tras un largo letargo, al haber estado prácticamente inactiva desde la aplicación de la Ley Wert del PP, conocida como LOMCE.

«Los maestros y profesionales de nuestro sistema educativo garantizan y hacen posible este modelo educativo catalán, y son quienes han hecho los esfuerzos gracias a los cuales la escuela ha mantenido siempre la función de cohesión social y de convivencia democrática en un contexto de tensiones vinculadas a la crisis económica», recoge su manifiesto.

Puigdemont ofrece «defensa jurídica» a la comunidad educativa

Incluso desde Waterloo buscan abanderarse de la causa ante la comunidad educativa. El Consell per la República de Carles Puigdemont, el órgano privado del expresidente que trata de crear una supuesta organización paralela, quien pone sobre la mesa «defensa jurídica» para aquellos que pretendan desobedecer la inmersión lingüística.

«Desde el CxR iniciamos un proceso de defensa jurídica de todos aquellos ciudadanos y ciudadanas que vean vulnerados sus derechos lingüísticos, y especialmente de los miembros de la comunidad educativa que actualmente están siendo víctimas de la ofensiva del Estado español contra el uso de nuestra lengua», defiende el órgano de Puigdemont en un documento público.

Una protección que, según explican a Economía Digital desde la asociación de profesores pro-bilingüismo AMES, solo podrían necesitar los responsables de los centros, al ir la sentencia también dirigida a las escuelas: «Los profesores harán lo que les digan sus superiores y las responsabilidades recaerán sobre los directores, que podrían enfrentarse a multas o inhabilitaciones».

Una tesis que desde el Govern desmienten, al asegurar que solo es la conselleria de Educación quien –en caso de que hubiera consecuencias penales por la desobediencia a la sentencia– incurriría en potenciales delitos de desobediencia o prevaricación por desoír el 25% de castellano marcado por el TSJC.

Aunque ni siquiera desde el Govern saben cómo afrontar las potenciales consecuencias. JxCat y la CUP creen necesario que la Generalitat retire la autonomía lingüística a los centros y que centralice las competencias en educación para quitar «presión» sobre los directores, una petición que venía también de USTEC, sindicato partidario de desobedecer la inmersión.