El independentismo planea dilatar hasta tres años la ejecución de los embargos

El independentismo planea dilatar hasta tres años la ejecución de los embargos a 34 ex altos cargos del Govern que tienen que abonar una fianza de 5,4 millones de euros por la posible malversación de gastos públicos en favor de la secesión de Cataluña a través de la Acción Exterior del Govern entre 2011 y 2017.

Según ha podido conocer Economía Digital por boca de sus respectivos abogados, el independentismo busca dilatar el proceso para que finalmente la sanción económica prescriba o se quede en nada a pagar por parte de los encausados. «Dentro de tres años, el caso ya no estará en el ‘ojo del huracán’ de la prensa y todo estará más tranquilo», confían fuentes inmersas en el proceso.

La vista continúa este miércoles para escuchar a la Fiscalía y a la Abogacía del Estado tras haber terminado este martes con las alegaciones de los letrados. El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, solicitó este martes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la «inacción» del Tribunal de Cuentas o que «no tenga efecto su instrucción» contra el gasto derivado de la Acción Exterior por el Govern (entre 2011 y 2017) para promocionar el procés.

En su visita a La Moncloa, Aragonès cumple así lo que ya avanzó ED: un sector de ERC apuesta por solicitar un ‘segundo indulto’, esta vez económico al Gobierno tras facilitar la salida de prisión de los nueve presos del procés.

Un margen de tres años

El órgano fiscalizador de cuentas dio este martes un margen de tres horas a los abogados para, tras conocer el Acta de Liquidación Provisional, realizar las alegaciones pertinentes en defensa de sus clientes. De este modo, la cantidad de la fianza propuesta en este acta provisional podrá variar dependiendo de las alegaciones que cada uno formule.

Tras este paso, el expediente de instrucción se elevará a la consideración de una magistrada para valorar las pruebas aportadas de la investigación realizada y los recursos presentados por la parte investigada. Dos abogados que participan en el proceso señalan que esta fase tardará, aproximadamente, un año.

Será a partir de 2022 cuando el informe tenga que ser ratificado por el resto de consejeros de la sala. Esta revisión, calculan las mismas fuentes consultadas, podría tardar hasta tres meses hasta que se apruebe la sentencia definitiva.

La decisión en firme podrá ser recurrida mediante la interposición de un recurso de casación ante la sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo. Este procedimiento, según dos abogados de la parte independentista, podría tardar hasta dos años en dilucidarse.

Con lo cual, el nuevo Gobierno podría haber cambiado la composición del órgano y los nuevos miembros podrían resultar más favorables a las teorías de los socialistas y de Unidas Podemos, quienes buscan realizar un ‘segundo indulto’, esta vez económico para solucionar el ‘conflicto catalán’.

Se trata de los cálculos que hacen los letrados independentistas. «Los procedimientos son los que son y cada cosa seguirá su curso. Eso no quita para que los abogados, si lo consideramos, recurramos la decisión», recalca el abogado, exdiputado y encausado Francesc Homs.

Los abogados alegan «indefensión»

Entre las cantidades que este martes comunicó el Tribunal de Cuentas que los encausados tendrán que pagar destacan los  1.981.453 euros que el tribunal reclama a Carles Puigdemont y los 1.932.323 euros a su vicepresidente económico, Oriol Junqueras, frente a los 2.803.115,8 euros a Artur Mas y a su consejero Andreu Mas Collel y los 2,1 millones para Raül Romeva.

El letrado del expresidente Puigdemont, Gonzalo Boyé, asegura a ED que el procedimiento «es una tomadura de pelo». En este caso, el abogado alega «indefensión» en la que dice encontrarse el dirigente fugado de la Justicia y el resto de afectados.

Boyé también denunció la «falta de solvencia técnica» del informe y asegura que el Tribunal de Cuentas está asumiendo «unas competencias que no tiene, como es la derogación implícita del Estatuto de Cataluña, por la vía de coartar la acción exterior de Cataluña, que está contemplada expresamente en el Estatuto después de la sentencia del Constitucional». El letrado ya avanza que Puigdemont llevará al Tribunal de Cuentas a la justicia belga si sufre «repercusión económica».

Por su parte, Homs también reprocha que los abogados se enteraran de la cifra que les reclama el tribunal a través de la prensa. Tanto el exdiputado como los letrados de Puigdemont y de Junqueras se amparan, como ya desveló ED, en el voto discrepante de una consejera del Tribunal de Cuentas para echar atrás el posible embargo de sus cuentas.

María Dolores Genaro, consejera del órgano fiscalizador, criticó lo que a su juicio es una «persecución económica» y denunció las «prisas» que había por aprobar este informe, sin dar margen para efectuar observaciones.  Genaro también cuestiona las propias conclusiones del informe, asegurando que la Generalitat no se extralimita en sus funciones y que el órgano fiscalizador no ha hecho bien su trabajo. 

La consejera de cuentas lamenta que el órgano ha incumplido los principios de “imparcialidad, claridad, concisión, equilibrio y ponderación”. Recuerda que el análisis debe ser «objetivo e imparcial» y «evitar juicios de valor e interpretaciones que no están suficientemente fundamentadas».

Otro letrado que no quiere que salga su nombre esgrime la «duplicidad» de la multa asegurando que el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona ya les pidió que depositaran seis millones de euros en la causa penal que se investiga contra ellos, algunos de los cuales coinciden ahora en este proceso.

La dificultad del Gobierno

Expertos consultados por ED advierten que «nada tiene que ver un proceso con el otro» porque en los del Juzgado 13 de Barcelona se habla de responsabilidad penal, mientras que en el Tribunal de Cuentas, la responsabilidad es contable.

Asimismo señalan que el órgano económico basa sus exigencias en un voluminoso informe en el que en el Juzgado 13 se detallan actividades que supuestamente no sirvieron para la acción exterior, sino para sufragar gastos del ‘procés’ y, por ello, no eran justificables.

Los expertos también señalan la dificultad del Gobierno de Pedro Sánchez para perdonar ahora y tras los indultos esta fianza impuesta por posible malversación de caudales públicos. «Ya no es solo el procedimiento sino que no son conscientes del desgaste que ello supondrá para Pedro Sánchez», insisten.

Y es que algunas de las asociaciones que en su momento apoyaron por esta causa a Mas Collel, por ejemplo, van dando pasos hacia atrás y retiran su apoyo, como le ha sucedido este martes a la Academia Europea por el aluvión de quejas de miembros españoles explicando la situación sin edulcorar por el independentismo.

El presidente de la Academia Europea, David Coates, retiró su apoyo al exconsejero de Economía tras solicitar a sus miembros que firmaran una carta de apoyo a Mas Collel.

«La ‘nueva’ información deja claro que la cuestión solo corresponde a las autoridades nacionales y no afecta al ámbito académico», afirmó en un comunicado tras las interminables quejas de sus socios españoles.

Más organismos internacionales han dado la callada por respuesta tras ser consultados por el independentismo, según ha podido saber ED.

El nacionalismo traslada su ‘patata caliente’ a Moncloa y bordea la fina línea del chantaje para seguir en la «concordia» que predica el Gobierno y todo conduzca a una posible ‘solución al conflicto catalán’ con la parte independentista resarcida.