Quim Torra anula su agenda salvo para atacar al Supremo
La Generalitat suspende toda actividad que no consista en rechazar la sentencia hasta que Torra comparezca el jueves en el Parlament
El govern de Quim Torra sigue sin precisar en qué consistirá su respuesta a la sentencia de la causa del procés, pero de momento ha decidido dedicarse en exclusiva a desacreditar al Tribunal Supremo y su fallo. El president y los consellers han anulado su agenda, que permanecerá limpia de compromisos salvo que se trate de actos de rechazo a la sentencia al menos hasta el jueves, cuando está prevista la comparecencia del president en un pleno específico en el Parlament.
Claro que tampoco está claro que, en esa comparecencia, Torra plantee una propuesta concreta que acabe siendo votada por el Parlament. A menos, este martes la portavoz del govern, Meritxell Budó, no lo aclaró. Se limitó a decir que “desde el govern se está trabajando para que desde el Parlament surja un mandato efectivo”, sin más precisión. Torra hace meses que insiste en que es la cámara catalana la que tendría la última palabra sobre los pasos a seguir tras la sentencia.
De momento, la respuesta se limita a pedir hora a Pedro Sánchez y el rey Felipe VI para sendas reuniones con Torra, una solicitud, por ahora solo verbal, de amnistía que el president ya apuntó el lunes y una gira internacional del conseller Alfred Bosch, para explicar a los gobiernos extranjeros la postura de la Generalitat respecto de la sentencia, y que el titular de Acción Exterior inicia este mismo martes.
La campaña también incluirá cartas de Torra a los presidentes y primeros ministros de los países de la Unión Europea, El G-20 y la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA), y de Bosch a los ministros de Exteriores de esos mismos países.
El gobierno de Torra y la protesta
Budó trató de lidiar como pudo con la contradicción que supone que el govern llame a la protesta en la calle y luego envíe para contenerla a los Mossos d’Esquadra, como sucedió en el aeropuerto del Prat, donde hubo incidentes, cargas, lanzamientos de balas de foam y un centenar de heridos.
«Son contradicciones a veces difíciles de resolver», dijo la portavoz cuando le preguntaron cómo se compatibiliza la responsabilidad de preservar el orden público y el normal funcionamiento de las instituciones y celebrar que se bloquee una infraestructura básica como es el aeropuerto.
De todos modos, Budó subrayó que el govern llamó a la manifestarse «de manera cívica y pacífica, en ningún caso a ocupar ninguna infraestructura», y aque el lunes hubo «más de 220 concentraciones» en Cataluña para protestar contra la sentencia, la mayoría de las cuales transcurrieron sin incidentes. De modo que los violentos episodios registrados en la que fue más significada y masiva de esas protestas quedan reducidos en el argumentario del govern a «incidentes aislados».
La portavoz también justificó las duras cargas policiales con el argumento de que se trataba de proteger a los propios manifestantes, en algún caso, para evitar situaciones que podían hacer peligrar su integridad física, y en otros, añadió para impedir que pudieran acabar procesados por sedición, cosa que según ella podría haber pasado en el caso de que hubieran llegado a ocupar las pistas del aeropuerto.
En todo caso, el govern, apelando a la «prudencia», evita valorar por ahora la actuación policial. No lo hará, dijo Budó, hasta analizar en profundidad las imágenes más controvertidas que han circulado, y que incluyen lanzamientos de proyectiles de foam directamente a los cuerpos de manifestantes. Eso sí, la consellera negó que las cargas fueran comparables a las del 1 de octubre de 2017. «El 1-O se estaba pegando a gente que estaba sentada o sencillamente haciendo cola para votar. En las imágenes que hemos visto [del lunes] las personas no estaban sentadas o sin interactuar con los policías», zanjó.
