El Govern se enfrenta por primera vez a Acciona por la privatización de ATLL

Primer lío del nuevo Govern de Carles Puigdemont con la polémica adjudicación de Aigües Ter Llobregat (ATLL), la concesionaria que lleva el agua a 4,5 millones de habitantes de Barcelona y su área metropolitana. Pero a diferencia de lo que pasaba con Artur Mas en la Generalitat, siempre alineado con Acciona –socio principal de ATLL–, esta vez la armonía se ha roto.

El cambio de Govern ha cambiado algunas dinámicas. Por primera vez desde la adjudicación de ATLL en 2012, el ejecutivo catalán y Acciona han chocado por la gestión de las aguas catalanas. Con Mas como jefe del ejecutivo catalán, el Govern recurrió todas las sentencias favorables a apartar a la compañía que preside José Manuel Entrecanales y defendió siempre la gestión de Acciona, con BTG Pactual y los Rodés y los Godia Torreblanca como socios.
 
Pero a la primera polémica desde la llegada de Puigdemont a la Generalitat, hace apenas un mes, se ha producido un cambio evidente. La portavoz del Govern, Neus Munté, ha asegurado que la Agència Catalana de l’Aigua (ACA) ya denunció las irregularidades denunciadas por Anticorrupción, mientras Acciona ha negado las acusaciones y ha apuntado al Govern. Contrasta con las matizadas –por no decir nulas respuestas– del anterior portavoz, Francesc Homs.  
 
Irregularidades

La Oficina Antifraude catalana ha enviado un informe a la Fiscalía Superior de Cataluña en el que denuncia varias irregularidades en la gestión de ATLL por parte de Acciona. La más importante, que podría comportar la revocación de la concesión, es la subrogación de parte de la actividad a dos filiales sin la autorización de la ACA, que depende de la conselleria de Territori.

Neus Munté ya no ha defendido la gestión de ATLL a capa y espada sino que ha asegurado que la ACA ya conocía las irregularidades y las había denunciado. «Estos hechos ya habían sido detectados por el ACA como consecuencia de una auditoría, y los puso en conocimiento de la Agencia Tributaria» en 2015, ha afirmado.  

Apunta al Govern
 
Acciona ha reaccionado a la polémica y ha afirmado que sus operaciones con las dos filiales, Empresa Operadora ATLL y Acciona Agua, son legales y cumplen con lo acordado en el contrato de concesión. Sin embargo, la compañía ha admitido que tuvo que desistir de este contrato, aunque culpa de ello al Govern por los retrasos administrativos.
 
«Los retrasos en el otorgamiento de la autorización administrativa solicitada hicieron que, por iniciativa propia,  ATLL Concessionaria desistiera de la solicitud y dejara sin efecto el referido contrato», ha aseverado Acciona en un comunicado, en el que sostiene que esta situación se regularizó en las cuentas de 2013 y 2014, «las cuales han sido auditadas sin ninguna salvedad al respecto».

Este no es el único punto de choque entre el ejecutivo catalán y la compañía que gestiona las aguas catalanas. El grupo que preside José Manuel Entrecanales entiende que «en todo momento se puso en conocimiento de la ACA» la subrogación de actividades hacía sus dos filiales.

Subida de precios

En lo que sí han coincidido Govern y Acciona es en recalcar que estos hechos no han provocado subidas de las tarifas. Munté mantiene que se trata de hechos meramente «societarios», sin perjuicio para los ciudadanos, y Acciona sostiene que «las tarifas se rigen estrictamente por las condiciones ofertadas en la licitación pública, tienen carácter contractual y no se han visto afectadas en ningún caso». Todo un posicionamiento que denota las diferencias. 

También subraya la compañía que no hay «enriquecimiento injustificado» ni de Acciona ni de ATLL, como dice el informe de Antifraude. Sin embargo, el sindicato CGT, que destapó las irregularidades al denunciar la subrogación a Antifraude en abril de 2015, cree que detrás de estos hechos hay una intención de enriquecimiento por la vía de presionar al alza las tarifas, y parece que el director de la Oficina Antifraude, Daniel de Alfonso, le da la razón.

En el informe, explica que en los contratos con las filiales de Acciona, que suman más de 13 millones de euros, ATLL pagó precios por encima de mercado. Este sobrecoste en las facturas de 2015 «tendrá un impacto en la revisión de las tarifas», ya que son costes que se tienen en cuenta a la hora de recalcular el precio del agua.

Los próximos pasos del Govern

El Govern tiene ahora dos opciones. Esperar las actuaciones de la Fiscalía o revocar el concurso. Anticorrupción asegura que se trata de un incumplimiento muy grave de los pliegos del contrato, lo que podría dar lugar a la extinción del contrato. Neus Munté no ha concretado y ha asegurado que se estudiarán las opciones.

El contrato no podría estar más enmarañado. El Tribunal Supremo debe decidir si anula el concurso, lo que facilitaría el trabajo a Puigdemont, y no sólo para terminar con el culebrón. El necesario apoyo de la CUP al ejecutivo catalán pone en entredicho la privatización del agua, siempre criticada por la formación independentista. Pero es que en el propio Govern, de Junts pel Sí, existen diferencias, con consellers como Raül Romeva, o Antoni Comín en contra de la operación de privatización.