El Govern se desmarca de la defensa de los Mossos heridos en la investidura fallida de Puigdemont
La Conselleria de Interior decidió no presentarse como acusación en el juicio, en plenas negociaciones con la CUP para intentar cerrar un acuerdo sobre los Presupuestos
El presidente de la Generalitat de Cataluña, Pere Aragonés, acompañado por el vicepresidente Jordi Puigneró (d). EFE/ Andreu Dalmau
La Generalitat de Cataluña ha decidido no presentarse como acusación en la causa que investiga las agresiones que sufrieron cinco agentes de los Mossos d’Esquadra en los altercados que se produjeron durante la investidura fallida de Carles Puigdemont en 2018. Una orden de la Conselleria de Interior ha obligado a los abogados a desmarcarse del juicio que comenzará este jueves.
El secretario general del Interior, Oriol Amorós, ha sido el encargado de firmar esta orden para salir del procedimiento judicial en defensa de los policías autonómicos, lo que representa un giro de guion en la estrategia que había adoptado hasta la fecha el equipo jurídico del Govern para acusar a los siete presuntos responsables, según ha publicado El País.
El diputado republicano ha dado la directriz de desmarcase del proceso judicial en un momento marcado por las dificultades para lograr una mayoría suficiente en el Parlament para sacar adelante los Presupuestos de Cataluña del 2022. El paso atrás se dio en plenas negociaciones con la CUP, una de las formaciones más críticas con la actuación de los Mossos en las manifestaciones.
Esquerra ya suscribió un acuerdo con los anticapitalistas para ejercer la acusación únicamente cuando hubiera policías con un parte de lesiones acreditadas, algo que en este caso sí que se cumple. Cinco de los agentes movilizados sufrieron diferentes contusiones durante su intervención.
Este nuevo guiño a la CUP se produce después de seis meses en los que el papel de los Mossos d’Esquadra ha jugado un rol fundamental en las negociaciones entre los socios independentistas. La formación de Dolors Sabater también ha planteado, por ejemplo, la supresión del uso de pelotas de foam en las concentraciones para brindar apoyo al Govern.
La Generalitat argumenta que no se puede identificar a los acusados
El Govern ha explicado ahora que el principal argumento para abandonar la causa es que no hay mecanismos para identificar de forma individualizada a los causantes de las lesiones que sufrieron los agentes de la autoridad. No ven coherente continuar en el proceso, lo que deja a los agentes sin su principal representación legal.
Su criterio dista del de la Fiscalía, que ha solicitado penas de entre dos y cuatro años de cárcel para los siete presuntos implicados en los altercados que se produjeron el 30 de enero de 2018. Les acusa de desórdenes públicos y de atentado a la autoridad por agitar a las masas durante la concentración del parque de la Ciutadella, a la que acudieron cerca de 5.000 personas ese día.
El ministerio público estima que un pequeño grupo antisistema rompió las barreras policiales para intentar acceder al Parlament cuando se votaba la investidura que finalmente quedó en nada porque Puigdemont se encontraba en el extranjero. Fue entonces cuando se produjo la carga de los equipos de antidisturbios.
